La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado formalmente su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde ya ha quedado registrada junto a la del que, de momento, es su único rival: el actual director general, el africano Gilbert F. Houngbo, quien anunció el pasado mes de abril que se presentará a la reelección. El registro de la candidatura ha ido acompañado de un programa de acción, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que Díaz quiere poner en práctica en el caso de resultar elegida el próximo noviembre. Y como plato fuerte de ese plan propone la negociación y aprobación de un decálogo de normas laborales básicas y universales que se pueda aplicar en todos los países de la organización, que cuenta con 187 Estados miembros. Además, el programa de acción incluye otras novedades, como abrir la financiación de este organismo de la ONU dedicado al mundo del trabajo a nuevas fórmulas de aportaciones público-privadas. Según recoge el texto, Díaz busca elaborar, mediante el diálogo tripartito (entre gobiernos, empresarios y sindicatos) “un suelo universal de derechos laborales”. La vicepresidenta denomina a este catálogo como Carta Global de Derechos Laborales, y propone que adopte la forma de los convenios que establece habitualmente el organismo para regular distintos aspectos de las condiciones laborales. Esto “permitiría sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia (como la justicia social y el trabajo decente) y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI”, explica. Junto a esta iniciativa, la ministra de Trabajo, cuya candidatura ha sido formalmente propuesta por el Gobierno español, explica que su acción al frente de la OIT estará basada en tres pilares. El primero está relacionado directamente con su proyecto de elaborar una carta con derechos laborales básicos y universales, y consiste en “reforzar, sin escudarse en la falta de presupuesto, la creación de normas internacionales del trabajo”, que, según sostiene, “constituyen el ADN de la OIT y su principal ventaja comparativa en el sistema multilateral”. Este pilar debe, añade, “concentrar los recursos necesarios para robustecer el sistema de control” de su cumplimiento.El segundo pilar se refiere a cooperar con los actores tripartitos del diálogo social para que diseñen políticas públicas que funcionen. Así, el programa de Díaz asegura que la OIT “debe ofrecer herramientas prácticas para que el crecimiento económico se traduzca de manera efectiva en desarrollo social y equidad, y viceversa, para convertir a la OIT en un hub global de conocimiento”. Finalmente, el tercer pilar consistirá en llevar a cabo programas de cooperación al desarrollo que sean “el brazo ejecutor sobre el terreno” de los dos pilares anteriores (la creación de normas y el diseño de políticas públicas desde el diálogo social).Además, el programa de Díaz asegura que “avanzar en la democratización de la organización es una tarea urgente”, revitalizando, entre otras cosas, el propio diálogo social en el seno de la OIT. “No puede verse en el diálogo social un método lento e ineficaz de toma de decisiones, sino justo al contrario”, defiende. Para ello aboga por mejorar la gobernanza a través de mayor eficiencia en la organización: “Se puede hacer mucho más sin incrementar los recursos”. Buscar financiaciónNo obstante, entre los planes de Díaz para dirigir este organismo está también mejorar sus finanzas. En concreto, pretende “emprender una búsqueda de contribuciones voluntarias”. Y apunta a aportaciones procedentes de gobiernos donantes tradicionales, de agencias de desarrollo, de bancos regionales de inversión y, como novedad, sugiere explorar nuevas fórmulas de colaboración público-privada. Todo ello para “garantizar la sostenibilidad financiera del organismo, sin menoscabar su independencia”. En definitiva, Díaz reitera que la OIT atraviesa un periodo de crisis y, por tanto, “no es momento del statu quo, sino de un giro estratégico para esta organización, que, en opinión de la vicepresidenta española “necesita pasar de la gestión del declive al liderazgo estratégico, con una mayor ambición transformadora”. La que ella defiende y, según le ha reconocido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo desde el Ministerio de Trabajo. Toda esta hoja de ruta supondría un cambio de rumbo respecto a la política actual de la OIT. El actual director, el togolés Gilbert F. Houngbo, que lleva al frente de la organización desde 2022, ha marcado un acercamiento hacia las políticas marcadas desde Estados Unidos por Donald Trump, quien trata de ganar influencia pese a su tradicional desprecio hacia las instituciones multilaterales. De hecho, la administración estadounidense debería estar financiando el 22% de la OIT, pero ha dejado de pagar sus cuotas. La deuda de Washington con el organismo asciende a 257 millones de francos suizos (280 millones de euros). Es el 70% de todo lo que adeudan distintos países a la organización.El resultado está siendo la asfixia financiera del organismo. Y, con ella, como han denunciado algunos sindicatos, las crecientes dificultades para que se abran paso políticas laborales que favorezcan claramente a los trabajadores en general y, en particular, algunos colectivos como el formado por personas LGTBIQ+ o derechos como el de huelga. Tras el registro oficial de la candidatura alternativa a la Houngbo, la ministra de Trabajo, que ya renunció hace dos años a liderar la formación Sumar, seguirá como miembro del Gobierno a la espera de conocerse el resultado de la decisión que tomará, el próximo 16 de noviembre, el Consejo de Administración de la OIT. Este órgano está compuesto por 56 votos entre miembros de gobiernos de 28 países, además de 14 representantes sindicales y otros 14 empresariales. No obstante, la persona que salga elegida para dirigir esta organización no tomará posesión hasta un año después, en noviembre de 2027.