La Fiscalía reclama una condena de 30 años de cárcel para cinco antiguos jefes de ETA por el atentado perpetrado contra Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián (Gipuzkoa) por el PP, asesinado de un tiro en la nuca el 23 de enero de 1995. El ministerio público, que subraya que el edil popular se convirtió en la “primera víctima de relevancia política” que fue “seleccionada por la cúpula” de la banda terrorista, da este paso contra José Javier Arizcuren, alias Kantauri; Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Miguel Albisu, Mikel Antza; Julián Achurra, Pototo; y Juan Luis Aguirre, Isuntza. El juez Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ya los procesó a todos ellos en 2025 por este crimen.Con este movimiento, la acusación pública insiste en colocar el foco en los antiguos dirigentes de la organización armada para que respondan por los atentados cometidos por sus subordinados durante sus mandatos. Una vía que mantiene abierta la Audiencia Nacional tras el fin del terrorismo de ETA y su disolución. De hecho, los autores materiales del asesinato de Gregorio Ordóñez —los tres miembros del comando Donosti: Valentín Lasarte; Javier García Gaztelu, Txapote; y Juan Ramón Carasatorre, Zapata)— ya fueron condenados por los tribunales. Pero la responsabilidad no había escalado más allá.Sin embargo, la familia Ordóñez ya logró en 2015 que el juzgado reabriese el sumario para encausar a la excúpula de ETA e indagar en esa dirección. Un camino que se ha reforzado durante una década con informes policiales e, incluso, con las palabras de dos etarras que, como reveló EL PAÍS, declararon en 2023 como testigos protegidos contra los exjefes de la banda. Precisamente, en su escrito de acusación, la fiscal Concepción Nicolás ha propuesto que esos dos testimonios se escuchen en el futuro juicio contra los cinco dirigentes terroristas procesados por el asesinato del ex teniente de alcalde de San Sebastián.La Fiscalía incide en que el atentado contra Gregorio Ordóñez se enmarcó dentro de una estrategia de terror “articulada” por la banda durante décadas y que se “basaba” en el “empleo sistemático y coordinado de la violencia”. ETA buscaba “amedrentar” al Estado y “a los sectores de la sociedad civil contrarios a su proyecto político-ideológico”, con el objetivo de “generar una situación de inestabilidad y amenaza prolongada” para forzar que cedieran a “sus pretensiones”. Este plan incluyó “asesinatos, amenazas, extorsiones, coacciones, presión social y atentados destinados a provocar daños materiales” contra personas “representativas de diversos sectores de la sociedad vasca y española”. La cúpula de la organización terrorista —también conocida como Zuba— fijaba así las “directrices políticas” y “las líneas operativas”, que fluían hacia abajo a través de una “estructura rígida, compartimentada, piramidal y jerarquizada”, según han revelado las investigaciones judiciales y policiales. Para ello, según describe el escrito de acusación, ETA contaba “con unas cadenas de mando estrictas” y con un “funcionamiento” casi “militarizado”. “La dirección operaba de manera colegiada. Además, ejercía un control absoluto y permanente sobre la actividad de sus integrantes, determinando no solo las funciones que cada militante debía desempeñar, sino también las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habían de ejecutarlas, así como sus condiciones personales y desplazamientos”, ahonda la fiscal.En esa línea, el escrito de acusación sitúa a los cinco procesados en la Zuba cuando se perpetró el asesinato de Ordóñez. “Tras la desarticulación de la cúpula de ETA en la localidad francesa de Bidart en marzo de 1992, los acusados Ignacio Gracia Arregui y Miguel Albisu lograron restablecer estructural y operativamente la organización terrorista, impulsando la incorporación de nuevos integrantes a la renovada cúpula. En concreto: José Javier Arizcuren, Juan Luis Aguirre y Julián Achurra”, explica la fiscal. Según el ministerio público, fueron ellos quienes activaron el debate para implementar la nueva “estrategia” de terror conocida como “socialización del sufrimiento”: es decir, extender sus atentados a objetivos civiles, más allá de las fuerzas de seguridad y militares.“El objetivo de esta nueva línea de actuación era romper la estabilidad política, alterar el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y producir un efecto de intimidación generalizado”, prosigue el texto firmado por Concepción Nicolás, que añade: “En esta nueva dinámica, el comité ejecutivo se reservaba la selección de unos ‘objetivos especiales’, de singular trascendencia o relevancia política”. Y, según detalla la Fiscalía, Gregorio Ordóñez fue la primera víctima “escogida” por la cúpula de la banda para “estrenar” esa estrategia: “Contaba con una indudable popularidad y era considerado como favorito para las elecciones a la alcaldía que tendrían lugar en mayo de 1995, a las que ya no pudo presentarse”. “Además de por su rápido ascenso, su trayectoria política estuvo marcada por una reiterada y pública oposición al terrorismo de ETA”, apostilla.“Un encapuchado se acercó por detrás a Gregorio Ordóñez mientras almorzaba en un bar de la capital donostiarra con María San Gil, secretaria del Grupo Popular, y otros dos colaboradores. ‘Vi que pasaba la mano por encima de Enrique Villar y apoyaba una pistola sobre la cabeza de Gregorio’, recuerda María San Gil, quien creyó que todo era una broma. ‘Lo siguiente fue un ruido seco y vi que un borbotón de sangre le salió a Gregorio por el pómulo izquierdo. Entonces supe que no era una broma’. El asesino le atravesó la cabeza de un solo disparo”, reza la crónica de EL PAÍS sobre el crimen, firmada por la periodista Aurora Intxausti, quien se convirtió a su vez en objetivo de ETA —la organización intentó asesinarla junto a su marido y su hijo de 18 meses—.La fiscal recalca que la cúpula de la banda “no sólo seleccionó” a Ordóñez como objetivo a través de “un proceso deliberativo de carácter colegiado y consensuado”, sino que “reivindicó” después su asesinato en el diario Egin, “instrumento mediático vinculado al ámbito de la izquierda abertzale”.Otras causas contra las cúpulas de ETALa Audiencia Nacional mantiene vivas otras causas contra antiguos jefes de ETA por los crímenes cometidos por sus subordinados. Asociaciones de víctimas, como Dignidad y Justicia (DyJ), impulsan la vía para tratar de condenar a los exdirigentes de la organización terrorista como “autores mediatos por dominio” —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—. Entre otros, se encuentran reactivados los sumarios por el atentado cometido en diciembre de 2006 contra la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y el asesinato de Miguel Ángel Blanco.