La Amazonía es un tejido vivo y un ecosistema estratégico para la estabilidad climática global. Se encuentra habitado por cerca de 47 millones de personas —eincluyendo más de 500 pueblos indígenas— cuyos sistemas de vida, conocimientos y formas de gobernanza sostienen una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Sin embargo, sobre este mismo territorio se profundiza hoy una policrisis marcada por la criminalidad ambiental, el debilitamiento democrático y la regresión de derechos humanos. Lo que ocurre en la Amazonía ya no puede entenderse como una suma de conflictos aislados. Se trata de una dinámica estructural de despojo territorial que mantiene reorganizado el poder sobre los territorios amazónicos mediante concesiones extractivas, economías ilegales, militarización, captura institucional y debilitamiento de derechos. Bajo discursos de transición energética, desarrollo o conservación, continúan expandiéndose actividades que fragmentan ecosistemas, desplazan comunidades y profundizan desigualdades históricas. La ilegalidad dejó de ser excepcional. Convive y aparentemente se articula con estructuras estatales débiles o permisivas que, mientras reconocen formalmente derechos ambientales y territoriales, mantienen condiciones que favorecen el avance de intereses económicos sobre la vida comunitaria o el buen vivir. Esta contradicción produce una peligrosa normalización de la violencia y erosiona progresivamente las condiciones sociales y políticas que sostienen la vida en la Amazonía.