La propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar al crimen organizado en barrios críticos comenzó a abrir un debate político, con respaldos a la incorporación de las Fuerzas Armadas, pero también reparos sobre sus atribuciones y la forma en que se coordinarían con las policías.La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por el Mandatario en cadena nacional, y apunta a permitir que las FF.AA. colaboren con las policías en sectores donde las organizaciones criminales hayan alcanzado un nivel especialmente complejo de control territorial.Pero la fórmula todavía está en construcción. Este viernes, el propio Kast puso una primera condición para avanzar hacia un eventual despliegue militar: que antes sean aprobadas en el Congreso las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en comisión mixta.“Hoy se está discutiendo en el Parlamento las Reglas de Uso de la Fuerza, está por salir esa normativa, eso va a dar una señal clara, pero vamos a ir paso a paso”, sostuvo el Mandatario, quien remarcó que el Ejecutivo reconoce las distintas funciones que cumplen policías y militares.El diseño supone que las FF.AA. actúen como apoyo y no como reemplazo de las policías, una distinción que La Moneda ha buscado remarcar frente a los cuestionamientos que comenzaron a surgir por la incorporación de militares a tareas de seguridad interior.El reparo de Cordero y la defensa del gobiernoUno de los cuestionamientos más directos provino del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero, quien advirtió sobre las diferencias existentes entre las funciones y la preparación de policías y militares.“La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y el modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos”, afirmó el exsecretario de Estado en conversación con CNN Chile.04-05-2026