La cúpula del fútbol argentino armó un plan que parecía perfecto en los papeles: mudar su domicilio social al partido de Pilar para escapar de los controles del gobierno nacional y sacar sus expedientes penales de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la estrategia del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino chocó contra la Justicia porteña, que desnudó la maniobra y bloqueó el “escape” de las causas hacia los tribunales bonaerenses. El encargado de frenar la jugada fue el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Según pudo saber Infobae al acceder a la resolución judicial, el magistrado fulminó el traslado y lo calificó abiertamente como "una mera formalidad y ficción jurídica". Su argumento preciso: es de público conocimiento que, más allá del cambio de firma, el verdadero corazón operativo de la entidad sigue funcionando en el histórico edificio de la calle Viamonte. Claudio "Chiqui" Tapia El magistrado porteño usó esta lógica territorial para rechazar el pedido de su par federal de Campana, Adrián González Charvay, quien intentó llevarse la causa. Este último juez, a quien le asignan cierta cercanía con la dirigencia deportiva, reclamó el expediente argumentando que ya tenía en sus manos una investigación similar, originada en Santiago del Estero, por desvíos hacia el club Central Córdoba y empresas vinculadas a Toviggino.