NoticiaEl rector suspendido niega desacatar la justicia y defiende su gestión; la Procuraduría advierte que la medida es inmediata. Rafael Castillo estuvo como rector encargado desde el mes de diciembre del 2025. Foto: UdeaPERIODISTA07.08.2026 09:17 Actualizado: 07.08.2026 09:17
La disputa por la Rectoría de la Universidad del Atlántico dejó de estar concentrada únicamente en los tribunales y entró de lleno al terreno disciplinario. LEA TAMBIÉN La decisión no constituye todavía una sanción disciplinaria. La legislación permite que la suspensión sea prorrogada por otros tres meses si persisten las condiciones que dieron lugar a ella.El caso vuelve a poner a la Universidad del Atlántico en una situación de incertidumbre administrativa después de meses de controversias por la Rectoría, intervención del Ministerio de Educación y decisiones judiciales sobre los actos que han definido quién debe dirigir la institución.El punto que enfrenta a Castillo y la ProcuraduríaLa controversia tiene su origen en las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación durante la vigilancia especial a la Universidad y en las posteriores demandas contra esos actos administrativos.Eduardo Verano presidente del Consejo Superior, y Rafael Castillo, rector (e). Foto:GobernaciónCastillo sostiene que el Consejo de Estado negó inicialmente medidas cautelares y distribuyó parte de los procesos entre los tribunales administrativos de Cundinamarca y Atlántico. Por eso considera que todavía existen asuntos jurídicos que deben aclararse sobre los efectos de las decisiones posteriores. LEA TAMBIÉN "Yo no estoy dilatando el fallo. No estoy evadiendo la acción judicial y no voy a incurrir en fraude de resolución judicial", afirmó.La Procuraduría tiene otra lectura. En su decisión señala que las medidas cautelares judiciales son de cumplimiento inmediato y que solicitar una aclaración no suspende sus efectos. Ese argumento es determinante para entender por qué decidió apartarlo provisionalmente del cargo.El organismo considera que mantener a Castillo en la Rectoría mientras se adelanta la investigación podría permitir que continúe la conducta que precisamente está bajo examen. Por ello comunicó la suspensión al Consejo Superior de la Universidad para que actúe dentro de sus competencias. Castillo lleva la discusión a su gestiónEl rector suspendido también salió al paso de los cuestionamientos por la contratación realizada durante los siete meses de su administración. Según explicó, las cifras divulgadas alrededor de 291 contratos deben analizarse dentro de las necesidades de funcionamiento de una universidad de ese tamaño.Rafael Castillo ha sido dos veces rector de la Universidad del Atlántico. Foto:Redes sociales"¿Cómo hace para llevarle 3.000 almuerzos diarios a los estudiantes? ¿No tiene que contratar a un operador? ¿Cómo dota las salas informáticas o arregla los escenarios?", señaló.Castillo aseguró además que recibió la Universidad con cerca de 600 órdenes de prestación de servicios y defendió que contratar hace parte de la gestión ordinaria de la institución. LEA TAMBIÉN Este asunto, sin embargo, no aparece como la conducta central que originó la investigación disciplinaria. El auto se concentra en determinar si Castillo podía continuar ejerciendo la Rectoría después de la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico. Otra transición para UniatlánticoCastillo argumenta que su permanencia busca evitar que la Universidad vuelva a la inestabilidad que, según él, encontró cuando asumió el cargo."Tres meses de parálisis costaron mucho. Fue necesario reconstruir la Universidad y concertar con sindicatos, estudiantes y trabajadores", afirmó.La Procuraduría plantea justamente la tesis contraria: considera que el cumplimiento de las decisiones judiciales y la separación provisional del rector son necesarios para proteger la institucionalidad mientras determina si hubo una falta disciplinaria.Leyton Barrios asumirá el cargo de rector luego de haber sido suspendido en diciembre del 2025. Foto:Redes socialesAhí está el nuevo escenario de Uniatlántico. La discusión ya no gira solamente alrededor de quién tiene razón sobre el alcance de un fallo, sino sobre quién debe conducir la Universidad mientras los jueces y ahora la Procuraduría terminan de resolver una controversia que lleva meses trasladándose de un despacho a otro. LEA TAMBIÉN Por ahora hay una decisión concreta: Castillo debe permanecer tres meses apartado de la Rectoría y sin remuneración. La investigación determinará después si existió una falta y si procede una sanción disciplinaria. Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
