Jonathan Giraldo estaba con su familia en una piscina municipal de Alcalá de Henares a principios de julio cuando, de repente, ordenaron su desalojo. “Los socorristas empezaron a decir que teníamos que salir, que alguien se había hecho caca”, recuerda. Es lo mismo que sucede desde el verano pasado en decenas de piscinas comunitarias y municipales repartidas por todo el país. Popularizado como “reto marrón” en las redes sociales, el hecho de defecar en un espacio como estos obliga a su evacuación, precinto e hipercloración, incluso en ocasiones vaciado del cubo, hasta que los análisis sanitarios indiquen que se puede reabrir al público.
Este vecino alcalaíno, que suele acudir a la piscina municipal de verano de El Val, piensa que “tuvo que ser un adulto el que lo hizo, porque no pasó en la piscina de niños”. Lo ocurrido en este caso no es nada nuevo en Zamora, ciudad en la que este año ya han tenido que cerrar alguna de sus piscinas hasta en seis ocasiones. “Es muy complicado identificar a las personas causantes de un problema así, con lo que se hace muy difícil que se intervenga desde el aspecto legal de aplicación de reglamentos o posibles multas”, enfatiza Manuel Alonso, concejal de Deportes en esta capital de provincia.
