La Administración quiere reforzar los pactos 287(g), muy cuestionados en el pasado y con los que las agencias locales pueden actuar como funcionarios migratorios
La Administración de Donald Trump repartirá hasta 3.000 millones de dólares a los Estados y gobiernos locales que cumplan con un requisito clave: estar aliados con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un acuerdo de cooperación conocido como 287(g) y considerado como un “multiplicador de fuerza” para detener a migrantes indocumentados.
Estos pactos 287(g) fueron revividos por el Gobierno de Trump en 2025 tras una década en desuso, luego de que una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) determinó que, entre otras cosas, fueron utilizados en redadas indiscriminadas en comunidades latinas y en detenciones ilegales. Ahora, son una pieza del engranaje federal que busca expulsar a migrantes a gran escala.
Los acuerdos forman desde 1996 parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad en su Sección 287, de ahí su nombre. En la práctica, permiten que el DHS y las agencias del orden estatales y locales firmen acuerdos bajo los cuales los agentes locales realizan ciertas funciones de las autoridades migratorias federales. Pueden así, por ejemplo, interrogar a una persona extranjera o que lo parezca sobre su estatus migratorio y procesar lo que se conoce como un detainer o peticiones con las cuales las autoridades locales detienen a una persona hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) toma su custodia.
