NoticiaVoceros del gremio de las plataformas advierten que la Ley 2466 de 2025 habrían sido alteradas y piden una revisión al Gobierno entrante.Una norma que fija nuevas pautas operativas para la cotización a la seguridad social de los repartidores de aplicaciones como Rappi Foto: Archivo EL TIEMPOEDITOR MULTIMEDIA06.08.2026 18:53 Actualizado: 06.08.2026 18:53
Voceros del gremio de las plataformas advierten que las reglas pactadas en la Ley 2466 de 2025 habrían sido alteradas y piden una revisión al Gobierno entrante.Un intenso debate se ha desatado en el país por cuenta de la entrada en vigencia del Decreto 0991 de 2026, firmado por el Dapre al terminar el gobierno de Gustavo Petro, una norma que fija nuevas pautas operativas para la cotización a la seguridad social de los repartidores de aplicaciones como Rappi en Colombia. La medida ha generado zozobra entre la industria digital y los trabajadores independientes del sector, quienes argumentan que las condiciones introducidas complican el modelo de negocio e incumplen los consensos logrados en la reforma laboral. LEA TAMBIÉN El Ingreso Base de Cotización para las personas que devenguen un salario mínimo o más Foto:iStockEl trasfondo de esta discusión radica en el equilibrio entre garantizar cobertura social a los domiciliarios y mantener la viabilidad financiera de las plataformas. Si bien el marco normativo aprobado previamente en el Congreso buscaba formalizar la labor mediante un esquema compartido de aportes, el recién emitido decreto establece metodologías de cálculo que, según las empresas del sector, distorsionan el Ingreso Base de Cotización (IBC) fijado por la norma sustancial.Las discrepancias operativas del nuevo decretoUno de los puntos de mayor tensión tiene que ver con los repartidores de tiempo parcial o con ingresos reducidos. Los gremios señalan que la reglamentación afecta tanto la sostenibilidad económica como la dinámica de trabajo de miles de jóvenes y migrantes, al imponer cargas desproporcionadas en materia de riesgos profesionales y previsionales. LEA TAMBIÉN El decreto establece metodologías de cálculo que, según las empresas, distorsionan el (IBC) Foto:Redes sociales - archivo EL TIEMPOEntre los ajustes específicos que contiene el Decreto 0991 de 2026 y que han generado controversia se destacan:• Población con ingresos iguales o superiores a un mínimo: El decreto determina que el Ingreso Base de Cotización para las personas que devenguen un salario mínimo o más de manera mensual tendrá como piso esa misma cifra, omitiendo el porcentaje fijado en el marco legal.• Regimenes y aportes al sistema de salud: La disposición traslada al régimen subsidiado a aquellos trabajadores que perciban ingresos por debajo de un SMMLV, un cambio que, de acuerdo con los críticos, recarga al sistema público de salud en lugar de sostener la cotización conjunta.• Aproximaciones en las cotizaciones a pensión: El texto contempla un mecanismo de aproximación por cuartos de salario mínimo (un cuarto, dos cuartos, tres cuartos o la totalidad), lo que según la industria encarece de forma considerable los costos previsionales en comparación con el cálculo directo del ingreso por el tiempo trabajado.• Exigencias financieras en riesgos laborales: En el ámbito de la cobertura frente a accidentes de trabajo, se obliga a realizar pagos sobre una base mínima equivalente a un SMMLV, condicionante que para las jornadas cortas resulta superior al valor pagado por la gestión realizada. LEA TAMBIÉN Nuevos controles antifraude de Rappi generan bloqueos y protestas de repartidores. Foto:iStockLa postura del gremio de plataformasFrente a la expedición del documento oficial, la dirigencia del sector tecnológico reaccionó a través de canales digitales manifestando su preocupación por el impacto laboral que acarrearía la implementación de estas fórmulas.El presidente ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, hizo pública la posición del gremio en su perfil de X: "Denunciamos que el gobierno Petro acaba de sacar el Decreto 0991 de 2026, que destruye lo logrado en seguridad social para repartidores que trabajan a través de apps. Por esta irresponsabilidad, pueden destruirse miles trabajos en su mayoría jóvenes migrantes”, señaló El líder gremial propone que el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella debe proteger el acuerdo alcanzado entre el gobierno, las bancadas del Congreso, sectores mayoritarios de los repartidores y apps de domicilios para crear un régimen de protección con seguridad social para los repartidores. “Los repartidores y las empresas de plataformas pueden pactar relaciones de dependencia o independencia. En el segundo caso, las empresas pagan el 60% de los aportes a salud y pensión y el 100% de los riesgos laborales. Los repartidores pagan el 40% restante en salud y pensión. El art. 27 de la Ley 2466 de 2025 dice que el ingreso base de cotización de esos aportes será el 40% de los ingresos totales de los repartidores en cada plataforma”, señalo. LEA TAMBIÉN Rappi. Foto:RappiPara el Director Ejecutivo de Alianza Inn, “en sus horas finales el gobierno Petro vuelve complicado lo simple. Pese a que la Ley dice que el ingreso base de cotización (IBC) de los repartidores es el 40% de su ingreso total, el nuevo decreto crea normas contradictorias, enredadas y diferenciadas para el pago de salud, pensión y riesgos laborales para los repartidores que ganen menos de 1 SMMLV”.En consideración de este gremio, el decreto contradice a la Ley de Reforma Laboral y “obliga a las empresas a un imposible: pagar riesgos laborales sobre IBC de 1 SMMLV ($76.000). Más del 80% de los repartidores en Colombia dedican 20 horas mensuales o menos a esta actividad en una sola app. O sea que en miles y miles de casos, las empresas gastarían más en ARL que en el pago mismo de los servicios a los repartidores”, explicó López en sus redes. Según el análisis de Alianza Inn, “el decreto está destruyendo una de las pocas cosas buenas que pasaron en estos cuatro años. Hacemos un llamado al gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo a derogar el Decreto 0991 y, así, proteger la innovación y el trabajo de cientos de miles de personas".Las perspectivas para el nuevo ciclo gubernamentalEl meollo de la controversia está servido para las nuevas autoridades nacionales, quienes deberán evaluar los argumentos jurídicos y económicos presentados por las partes. Con más de la mitad de los repartidores laborando bajo esquemas de baja intensidad horaria, el reto consiste en garantizar su inclusión efectiva al sistema integral de seguridad social sin desestimular la vinculación formal ni encarecer la operación tecnológica en el territorio colombiano. La decisión de mantener, ajustar o derogar la norma será clave para definir el horizonte del empleo digital en el país.*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista. 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