Publicidad6 de agosto, 2026 - 17h41El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, suscribió el Decreto Ejecutivo No. 467, mediante el cual reorganiza la estructura orgánica de la Presidencia en cinco secretarías generales. La disposición gubernamental unifica y sistematiza reformas institucionales previas con el objetivo de “fortalecer la seguridad jurídica y evitar la dispersión normativa”.El cambio estructural más destacado se ubica en las disposiciones generales del decreto, donde se establece un nuevo nivel jerárquico dentro de las instancias administrativas del Ejecutivo. El texto norma que las dependencias oficiales de la Presidencia “contarán con Subsecretarías Generales, Subsecretarías, Direcciones y los asesores requeridos de conformidad con sus necesidades institucionales y la disponibilidad presupuestaria correspondiente”. Asimismo, precisa una categorización legal específica para las autoridades de dichas unidades: “Los titulares de las Subsecretarías Generales tendrán rango de Viceministros de Estado”.Dentro del mismo marco operativo, la normativa aclara que el primer mandatario podrá incorporar “los Asesores Presidenciales y Consejeros de Gobierno que sean requeridos de conformidad con las necesidades administrativas e institucionales, y la disponibilidad presupuestaria correspondiente” para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.PublicidadCinco secretaríasEl Decreto Ejecutivo No. 467 delimita que la Presidencia de la República estará conformada por cinco secretarías generales:Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.Secretaría General Jurídica.Secretaría General de Comunicación.Secretaría General de Integridad Pública.A través de este esquema, el Ejecutivo redistribuye las atribuciones gubernamentales, asignando roles estratégicos a cada una de estas dependencias.La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete asume la vocería presidencial en los asuntos encomendados por el jefe de Estado, la asesoría política, el seguimiento del Gabinete Presidencial y la coordinación con ministros y autoridades de la Función Ejecutiva. Asimismo, absorbe de forma explícita las competencias de la Secretaría Nacional del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, encargándose de la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Anual y Plurianual de Inversión del Presupuesto General del Estado.PublicidadPublicidadPor su parte, la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público ejerce la representación legal de la Presidencia, la titularidad de la autoridad nominadora y el patrocinio judicial e institucional de la entidad. Entre sus competencias más amplias se destacan la administración de la gestión inmobiliaria del Estado, el Catastro Único de Bienes Inmuebles, la custodia, subasta o enajenación de activos incautados, así como la regulación de los viajes al exterior, uso de vehículos oficiales y celulares para las máximas autoridades de la Administración Pública Central.En el ámbito normativo, la Secretaría General Jurídica queda encomendada para ejercer la representación y patrocinio judicial del Presidente de la República. Sus responsabilidades incluyen revisar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional para proponer su objeción o sanción, evaluar proyectos de decretos ejecutivos, asesorar legalmente al gabinete y dar trámite a solicitudes de indultos, rebajas de penas o cartas de naturalización por servicios relevantes.La política comunicacional queda en manos de la Secretaría General de Comunicación, entidad responsable de fijar la estrategia gubernamental, dirigir las campañas públicas, coordinar las cadenas nacionales y administrar los productos audiovisuales, multimedia y de prensa del mandatario. Además, avala técnicamente los planes estratégicos de comunicación de todas las dependencias de la Función Ejecutiva.Por último, la Secretaría General de Integridad Pública asume la tarea de diseñar la Política Nacional y la Estrategia Nacional de Integridad Pública para la Función Ejecutiva, prevenir actos de corrupción, ejercer como autoridad central en la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y receptar alertas preventivas formuladas por actores públicos y privados. (I)