Noticia Exclusivo suscriptores El caso de Darley Tatiana Torres Cardona fue admitido por la Comisión Interamericana, la cual investigará las acciones adelantadas por Colombia.Imagen de referencia. Foto: iStock.06.08.2026 15:34 Actualizado: 06.08.2026 15:34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para estudio una petición contra el Estado colombiano relacionada con el caso de Darley Tatiana Torres Cardona. Se trata de una joven hija de un militar retirado, cuya familia denuncia que durante años enfrentó demoras, interrupciones e incumplimientos en la atención médica que requiere dentro del sistema de salud de las Fuerzas Militares. La decisión no determina aún la responsabilidad del Estado, pero abre la puerta al análisis de fondo del caso en la justicia internacional.Según el informe de admisibilidad, la petición fue presentada en 2016 por el padre de la joven, Deiby Alexander Torres Pinto, quien sostuvo que su hija, nacida prematuramente en 2003, padece múltiples enfermedades y discapacidades, entre ellas síndrome de intestino corto, enfermedad de Crohn, hipoacusia bilateral severa, discapacidad intelectual leve, hipotiroidismo, litiasis renal e hidronefrosis. La familia estaba afiliada al subsistema de salud de las Fuerzas Militares debido a la condición de militar pensionado del padre. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto. Foto:CortesíaLa denuncia internacional sostiene que durante más de una década la Dirección de Sanidad del Ejército (DISAN), la Dirección General de Sanidad Militar y otras entidades responsables habrían retrasado o negado la entrega de medicamentos, la asignación de citas con especialistas, terapias y procedimientos indispensables para el tratamiento integral de la joven, pese a múltiples órdenes judiciales que exigían garantizar esa atención. El expediente de la niña da cuenta de una larga cadena de actuaciones judiciales iniciadas por la familia desde 2011. Entre ellas figuran acciones de tutela, incidentes de desacato y quejas ante distintas autoridades judiciales, a través de las cuales obtuvieron decisiones favorables que ordenaban suministrar tratamientos integrales. Sin embargo, los peticionarios alegan que las órdenes fueron cumplidas solo parcialmente o con demoras que afectaron el estado de salud de la paciente.La documentación también menciona retrasos en la entrega de medicamentos biológicos para controlar la enfermedad de Crohn, suspensión de terapias por falta de convenios entre instituciones, cancelación de citas médicas y hospitalizaciones derivadas, según la familia, de la interrupción de los tratamientos. Incluso se registran sanciones por desacato contra responsables de Sanidad Militar por incumplimientos de fallos de tutela. Visita de la CIDH a Colombia. Foto:Archivo ParticularA pesar de ello, el Estado colombiano solicitó que la petición fuera declarada inadmisible. Argumentó que el asunto ya había sido examinado por la justicia nacional mediante acciones de tutela y que la atención médica había sido garantizada de acuerdo con las órdenes judiciales, por lo que consideró que el caso pretendía convertir a la CIDH en una instancia adicional para revisar decisiones que ya habían sido estudiadas por jueces colombianos. La Comisión, sin embargo, concluyó que el objetivo principal del caso no consiste en revisar las sentencias nacionales, sino en establecer si existió un incumplimiento sistemático de esas decisiones judiciales y si ello pudo comprometer derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, consideró que la familia agotó los recursos disponibles en Colombia tras años de litigios e incidentes de desacato. En su análisis preliminar, la CIDH admitió que persiste un pleito jurídico sobre si el Estado garantizó efectivamente la disponibilidad y el acceso oportuno a los servicios médicos requeridos. Señaló que la información aportada por los peticionarios describe retrasos reiterados que incluso habrían provocado el deterioro de la salud de la joven, afirmaciones que, según el informe, no fueron plenamente controvertidas por el Estado. Germán Calderón España. Foto:Archivo particularLa Comisión consideró preliminarmente que los hechos podrían configurar eventuales vulneraciones a los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a los derechos de la niñez y a los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que determinó que el asunto merece un estudio de fondo dentro del Sistema Interamericano.Ahora, la Comisión estudiará la manera en que Colombia respondió a esta serie de hechos, con el objetivo de desestimar el caso o de llevarlo a una instancia superior, a través de un informe de fondo. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría llevar al juicio al país y emitir órdenes de obligatorio cumplimiento. Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.