La Audiencia Nacional ha aparecido como un árbitro inesperado en el pulso mantenido en los últimos días entre los ministros de Interior y Defensa sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la crisis de Ceuta. La iniciativa de la magistrada María Tardón de preguntar a la Guardia Civil si recibió algún aviso previo de que se iba a producir una llegada masiva de inmigrantes antes del pasado 30 de julio, cuando entraron de manera irregular más de 70.000 personas en la ciudad autónoma, obligará al Instituto Armado a desvelar si Fernando Grande-Marlaska acertaba al insistir en que los servicios secretos no alertaron. Su compañera en el Ejecutivo, Margarita Robles, ha salido en estos días en defensa del Centro. Marlaska ha repetido en varias ocasiones que el Gobierno no recibió ningún informe ni alerta por parte del CNI que advirtiera de que podía producirse una entrada masiva de personas. Pese a todo, trató de quitarle hierro a esta falta de previsión y destacó que los servicios desempeñan un papel fundamental para la seguridad. "No es ninguna censura a nadie. Hay cuestiones que pasan", zanjó. Pocas horas antes, Robles no había dudado en defender a los suyos. Alabó la labor del CNI y de los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil mientras exigía —con una contundencia muy alejada del tono oficial empleado por Moncloa— responsabilidades a Marruecos. "A Ceuta y Melilla no se las toca", declaró, mientras avisaba de que "desde el otro lado de la frontera se echa a los jóvenes a la muerte". Casi un centenar de personas murieron tratando de cruzar a nado. Tardón no busca con su petición averiguar si el CNI estuvo a la altura de las circunstancias o no. Lo que quiere determinar es si, precisamente, detrás de la crisis están redes u organizaciones criminales que hayan podido actuar para favorecer la avalancha masiva o si ha existido una actividad concertada (incluso con intervención de las autoridades marroquíes) que pueda encajar en un delito contra la independencia o la seguridad del Estado. Y es que la competencia de la Audiencia Nacional está en duda y solo si existen indicios de alguno de estos dos ilícitos podría investigar. TE PUEDE INTERESAR Eso no ha evitado que, de camino a su objetivo, su petición sirva para desvelar uno de los misterios de la crisis. La falta de previsión dejó las fronteras desprovistas de la suficiente protección ante un fenómeno que era, sin embargo, calculable a la vista de los acontecimientos. De hecho, como ha informado este diario, hace unos meses el Consejo de Seguridad Nacional incluyó en un informe un aviso sobre "el fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar". Se confió, pese a ello, en “el gran despliegue perimetral de la Gendarmería Real Marroquí y sus Fuerzas Armadas” porque “ha permitido mantener un control bastante riguroso que ha contenido este fenómeno”. Además, el Ejecutivo no pudo verse sorprendido por la decisión del Supremo que rechazó la legalidad de las devoluciones en caliente de aquellos inmigrantes que accedieran a Ceuta a nado por mar. La sentencia del alto tribunal se dictó tras un largo pleito en el que el tribunal de instancia —el 2 de Contencioso de Ceuta— y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habían fallado en similar sentido. La primera sentencia se remonta a 2024. Hubiera bastado la colocación de una barrera flotante con anterioridad para desactivar el vacío legal que propiciaba ese hecho, como ya avisó el propio TS. Crecen las denuncias Tardón ha ido recibiendo en las últimas horas nuevas denuncias que han venido a sumarse a la primera presentada por Iustitia Europa. El partido político Vox y la asociación Hazte Oír han presentado nuevos escritos. Como primer paso antes de decidir si la Audiencia Nacional investigará los hechos, ha reclamado a la Policía Nacional un informe sobre la entrada "irregular masiva" de inmigrantes en Ceuta con la intención de averiguar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal". La jueza esperará este análisis antes de decidir si tiene competencia para investigar los hechos que denunció Iustitia Europa. A la espera de la decisión final, la magistrada ha dado, además, pasos para determinar si el dispositivo desplegado era suficiente y si pueden existir responsabilidades penales en las decenas de muertes que se produjeron durante las entradas masivas. En su providencia solicita a la Jefatura de Información del Instituto Armado que informe del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales "conocidas". En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quiere saber si consta "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclama conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar. La Audiencia Nacional ha aparecido como un árbitro inesperado en el pulso mantenido en los últimos días entre los ministros de Interior y Defensa sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la crisis de Ceuta. La iniciativa de la magistrada María Tardón de preguntar a la Guardia Civil si recibió algún aviso previo de que se iba a producir una llegada masiva de inmigrantes antes del pasado 30 de julio, cuando entraron de manera irregular más de 70.000 personas en la ciudad autónoma, obligará al Instituto Armado a desvelar si Fernando Grande-Marlaska acertaba al insistir en que los servicios secretos no alertaron. Su compañera en el Ejecutivo, Margarita Robles, ha salido en estos días en defensa del Centro.