La vía penal del escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía queda, por el momento, cerrada. La Fiscalía acordó este lunes el archivo de las dos últimas diligencias de investigación que permanecían abiertas por los fallos detectados en el programa de detección precoz, un caso que afectó a alrededor de 2.000 mujeres. Con estas dos resoluciones, el Ministerio Público suma ya 15 denuncias y diligencias archivadas en relación con este asunto. Nueve de ellas fueron cerradas antes del 31 de marzo por las fiscalías provinciales —dos en Granada, dos en Jaén, dos en Sevilla, dos en Almería y una en Málaga—. Posteriormente se archivaron otras seis: tres en Sevilla, dos en Málaga y una en Almería.PublicidadTodas las denuncias impulsadas por la asociación El Defensor del Paciente, junto a 16 mujeres afectadas, así como por Izquierda Unida y Adelante Andalucía, han quedado así archivadas. A ello se suma el cierre de las denuncias generales dirigidas contra altos cargos de la Consejería de Salud, entre ellos los exconsejeros Jesús Aguirre y Catalina García. La Fiscalía concluyó que no existían indicios de una responsabilidad penal común o centralizada que justificara la apertura de una investigación. Tampoco prosperó la investigación sobre la presunta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla archivó esas diligencias tras comprobar la integridad de los datos. Actualmente, ninguna de las investigaciones impulsadas por la Fiscalía ha desembocado en un procedimiento penal ante los juzgados. La presidenta de Amama, Ángela Claverol, recibió con "pena" y "tristeza" el archivo de las denuncias. Ya en febrero, cuando se archivaron las primeras causas, en declaraciones a Europa Press, defendió que existe "una negligencia" y argumentó que "las pruebas están ahí", en referencia a las 110 reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas hasta la fecha por mujeres con un resultado BI-RADS 3, una categoría que requiere seguimiento médico. "Me parece mal el archivo porque ahí están las pruebas y, de alguna manera, habrá que dar explicaciones", afirmó, aunque admitió las limitaciones jurídicas de la asociación para afrontar un procedimiento de estas características.Ángela Claverol (Amama): "La Fiscalía no puede archivar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la vía administrativa"La presidenta de Amama recordó que las denuncias se sustentaban en presuntos fallos del protocolo de cribado, entre ellos la falta de seguimiento de casos dudosos, problemas en la comunicación de resultados o errores en la identificación de pacientes. No obstante, Claverol insiste en que el cierre de la vía penal no pone fin a todas las posibles reclamaciones derivadas del caso. Subrayó en una publicación difundida en su perfil de Facebook que el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía afecta únicamente al ámbito penal. "No es lo mismo la vía penal que la administrativa. La Fiscalía ha archivado las causas penales, pero las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la vía administrativa no las pueden ni quitar ni archivar, enfatizó. "Seguimos porque no han tenido la decencia de contestarnos", terminó. Carmen Flores, Defensor del Paciente: "Abren diligencias para dar la impresión de que escuchan a las víctimas, pero terminan archivadas"Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, rechaza el archivo de las diligencias y ha remitido una carta a la Fiscalía en la que reclama que se reabran las investigaciones. "Era previsible que ocurriera. La Fiscalía Superior derivó los asuntos a las fiscalías provinciales sabiendo que acabarían archivándolos", sostiene en el escrito al que ha tenido acceso Público. En la misiva, la asociación denuncia que las víctimas han vuelto a quedarse sin respuestas. "Hemos luchado porque entendemos que estamos ante hechos que atentan contra la vida de las personas afectadas por una enfermedad tan grave como el cáncer. Parece que abren diligencias para dar la impresión de que escuchan a las víctimas, pero finalmente las remiten a las fiscalías provinciales, donde terminan archivadas", lamenta.PublicidadLa organización solicita a la Fiscalía que revise y revoque los decretos de archivo dictados por las fiscalías andaluzas y ordene una investigación conjunta dada "la gravedad de unos hechos que afectan a la salud pública". Además, pide que todas las actuaciones archivadas se acumulen en un único procedimiento, al considerar que los fallos en los cribados constituyen un asunto de interés general. Para respaldar su petición, recuerda que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a quienes tengan conocimiento de un posible delito público por razón de su cargo, profesión u oficio a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal."Esto habla muy mal de la Justicia" Desde Adelante Andalucía consideran que el archivo de todas las diligencias no pone fin al caso, sino que deja sin respuesta a las mujeres afectadas. "Que la Justicia haya archivado las denuncias habla muy mal de la Justicia", afirma tajante Javier Montes, portavoz de Sanidad de la formación en el Parlamento andaluz. "En ningún momento ha habido una rendición de cuentas ni se han asumido responsabilidades políticas", sostiene en conversación con Público. A su juicio, la Junta sigue sin explicar qué ocurrió. "A día de hoy todavía no han aclarado qué pasó, y eso era lo mínimo exigible. Se lo hemos preguntado a Juanma Moreno Bonilla en el Parlamento hasta la saciedad y nunca ha respondido".Javier Montes, Adelante Andalucía: "En ningún momento ha habido una rendición de cuentas ni se han asumido responsabilidades políticas"Montes considera que la continuidad del actual equipo al frente de la Consejería de Salud evidencia esa falta de responsabilidades. "Un ejemplo es que se mantiene al consejero de Salud, que fue incapaz de ofrecer soluciones y respuestas a las mujeres con cáncer y mostró un absoluto desprecio hacia las organizaciones". Además, asegura que siguen recibiendo información que apunta a que los problemas persisten. "Por desgracia, nos llegan noticias de que esto sigue ocurriendo. Está muy lejos de haberse solucionado". Para el portavoz, el origen del problema es estructural. "En el fondo de todo esto están la privatización y los recortes en la sanidad pública. Con más personal y mejores infraestructuras habría menos esperas, menos saturación y una mayor capacidad para resolver cualquier atasco".PublicidadEntre las medidas que plantea su formación figura reforzar el programa de detección precoz y esclarecer los fallos detectados. "Es imprescindible fortalecer el sistema de cribados y explicar qué ocurrió. También creemos que no debe externalizarse ninguna fase del proceso asistencial del cáncer de mama, ni del resto de patologías. Hace falta más inversión y una ley específica del cáncer para que esto no vuelva a suceder. Estamos trabajando en ello", dice. Además, Adelante Andalucía anuncia que promoverá, junto con otras fuerzas de izquierda y a petición de la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. "Al margen de lo que haya decidido la Justicia, es necesario conocer qué pasó desde el punto de vista político para evitar que vuelva a repetirse".El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, sostuvo que, al margen del recorrido judicial de las denuncias, la crisis de los cribados de cáncer de mama constituye "el mayor escándalo" vivido por la sanidad pública andaluza. Por ello, defendió que su formación ha centrado sus esfuerzos en exigir responsabilidades políticas a la Junta de Andalucía. En la misma línea, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, reprochó al Gobierno de Moreno Bonilla su "total opacidad" durante la gestión de este asunto. Según denunció, el Ejecutivo andaluz optó por "atacar, amenazar, insultar, perseguir e incluso intentar sancionar" a quienes impulsaron la denuncia pública del caso desde Amama.Antonio Sanz asegura que el archivo de las causas "es una bofetada sin precedentes a la estrategia desesperada" de la oposiciónPor su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, celebró el archivo de las diligencias y defendió que la decisión supone un respaldo a la actuación del Ejecutivo andaluz. Sanz destacó que el Ministerio Público no ha apreciado indicios de responsabilidad penal en altos cargos de la Junta y consideró que el cierre de las investigaciones representa "una bofetada sin precedentes a la estrategia desesperada" de la oposición. El titular de Sanidad andaluz tachó el archivo como "un nuevo varapalo" para quienes, según señaló, han tratado de "utilizar políticamente el dolor de las personas" afectadas.