Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan para elevar el gasto en defensa, precisó que uno de los objetivos principales era reforzar la industria española. La intención de Moncloa era que las empresas nacionales consiguieran el grueso de los nuevos contratos para estimular su crecimiento, el empleo y también fomentar que pudieran exportar al resto del mundo. Un estudio de BBVA Research sobre los contratos públicos adjudicados muestra que la mayor parte se han quedado en España. En el periodo 2022-2025, España ha adjudicado contratos del espectro militar por valor de casi 41.000 millones de euros. De esta cuantía, 23.000 millones se han adjudicado íntegramente a empresas con sede en España y otros 10.600 millones a consorcios mixtos de empresas nacionales y europeas. Esto significa que en torno al 70% del plan de defensa se ha quedado dentro de España. Tal avalancha de contratos públicos está permitiendo reforzar a las empresas del sector de defensa nacionales. No todas proveen equipamiento militar, ya que el plan de seguridad incluye también satélites (Hispasat o Airbus), ciberseguridad (GMV), sistemas de transmisiones (SAPA) o incluso algunos de los programas de ingeniería que cubre Escribano M&E. El ritmo de adjudicación de contratos militares se disparó en la segunda mitad del año 2025. El Gobierno ha realizado todas estas asignaciones sin presupuestos generales del Estado, por lo que el dinero se ha movido a través de acuerdos del Consejo de Ministros. Sólo en el mes de diciembre se aprobó un gasto que supera los 18.000 millones de euros a ejecutar hasta 2035. El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, señala que "la industria española concentra buena parte del esfuerzo inversor". Entre los contratos ya asignados (no las partidas de gasto aprobadas por el Consejo de Ministros), el peso de las empresas españolas ha aumentado hasta cerca del 70%, frente al 62% del promedio 2019-2021. En total, si se suman adjudicaciones a empresas de la Unión Europea, se alcanza el 89% del total del gasto. Las empresas españolas cubren prácticamente la totalidad de los contratos destinados a los ámbitos terrestre y naval, y su participación se ha incrementado considerablemente en el ámbito del aire. También ha aumentado la participación de empresas estadounidenses en los contratos públicos, en especial con suministros y equipamiento para el Ejército de Tierra. En total, se han llevado el 7,5% de los fondos asignados, cerca de 3.600 millones de euros. Polos industriales Otra de las características de estos contratos públicos es la existencia de algunas grandes empresas que concentran la mayor parte de las adjudicaciones en polos de capacidad militar. "La contratación pública en defensa presenta una elevada concentración empresarial española", señala el estudio. De hecho, las pymes están teniendo dificultades para subirse a este plan. Una tribuna publicada en este periódico por Valentín V. García-Echave y Héctor Pérez Tapia, del despacho Ejaso, señalaba que el principal problema de las pymes para aprovechar esta corriente de inversión pública son las barreras regulatorias. Por el momento, son las grandes empresas nacionales las que están aprovechando la avalancha de contratos públicos. También existe una concentración de contratos en cuatro provincias españolas. Son Madrid, Albacete, Asturias y Sevilla, que están acaparando una parte significativa de los contratos. "La distribución territorial responde a la localización de las capacidades de diseño, fabricación, integración y sostenimiento, más que a la ubicación de los organismos contratantes", explica BBVA Research. Esto es, no depende de dónde esté la sede social, sino del lugar en el que esté instalada la capacidad productiva. TE PUEDE INTERESAR Este impulso que está recibiendo la industria de seguridad y defensa española también le está permitiendo salir a competir al extranjero. Las exportaciones anuales se han duplicado en los últimos años. En concreto, España ha pasado de exportar unos 12.000 millones de euros anuales en el periodo 2019-2021, a alcanzar los 25.000 millones de euros en el periodo 2022-2026. La mayor parte de las exportaciones son del sector aeronáutico y los principales compradores son Alemania, Italia y Francia. España forma parte de proyectos comunitarios, como el Eurofighter, que insertan al país en su cadena de valor, impulsando así sus exportaciones. De esta forma, las empresas españolas están consiguiendo subirse al boom de la inversión en defensa que está teniendo lugar en Europa. En términos económicos, la clave de todo este proceso está, precisamente, en contar con una industria capaz de absorber los contratos públicos y crear empleo de calidad en España. Porque, de lo contrario, el plan de defensa sólo serviría para transferir rentas al extranjero. BBVA señala que España consiguió llegar al 2% de gasto en defensa sobre el PIB, tal y como era el objetivo que se fijó Moncloa. Sin embargo, advierte que "consolidar este nivel de gasto requerirá mantener un compromiso presupuestario sostenido en los próximos años". Esto es, el plan genera beneficios, pero implica un gran esfuerzo presupuestario para las arcas públicas en el momento en el que se está empezando a jubilar la generación del baby boom. Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan para elevar el gasto en defensa, precisó que uno de los objetivos principales era reforzar la industria española. La intención de Moncloa era que las empresas nacionales consiguieran el grueso de los nuevos contratos para estimular su crecimiento, el empleo y también fomentar que pudieran exportar al resto del mundo. Un estudio de BBVA Research sobre los contratos públicos adjudicados muestra que la mayor parte se han quedado en España.