Las autoridades judiciales iniciaron las indagaciones tras el reporte de la muerte de una persona privada de la libertad en Bogotá. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 2 de agosto dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en el occidente de la ciudad.“Sufrió daño en tres órganos”: entregan parte médico del subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que murió un niñoEl hombre fallecido fue identificado como Javier Orlando, quien se encontraba recluido en dicho establecimiento desde marzo de 2025. El ciudadano figuraba en un proceso judicial por su presunta vinculación con la agrupación denominada ‘Los Químicos’, investigada por la elaboración no autorizada de sustancias ilícitas.A Evelyn Rodas le preguntaron si su exesposo, Brayan Campo, estaría involucrado en otros asesinatos, y su respuesta fue tajanteTras la confirmación del deceso, los familiares de la persona detenida hicieron presencia para requerir explicaciones sobre las condiciones de reclusión. El caso reabrió la discusión sobre el estado de salubridad y la atención médica a los ciudadanos privados de la libertad en las unidades de detención temporal.Versión de la familia y solicitudes de atención médicaEn declaraciones entregadas a Noticias Caracol, la familia del fallecido expuso los antecedentes de salud que presentaba el interno en el centro de reclusión. Mateo Suárez, sobrino de la víctima, afirmó que el deceso obedeció a un proceso infeccioso generado al interior de la URI que afectaría a otros detenidos en el establecimiento.Fachada de la Fiscalía Foto: ColprensaDe acuerdo con el testimonio de los allegados, durante los últimos ocho meses se formularon peticiones para garantizar valoraciones de salud. Suárez indicó que “desde hace ocho meses la familia solicitó la revisión médica correspondiente ante las dolencias presentadas, sin obtener respuesta sobre su estado sanitario”.Los parientes manifestaron que el deterioro de la salud del ciudadano fue progresivo durante el tiempo de privación de la libertad. Los reclamos familiares se orientan a verificar si existió una omisión en la prestación de los servicios básicos de salud por parte de las entidades encargadas de la custodia.Fachada de una URI. Foto: Alcaldía de BogotáActuaciones institucionales y dictamen forenseFrente a lo sucedido en la sede de Puente Aranda, la Fiscalía General de la Nación precisó las acciones legales adoptadas. “Se abrió noticia criminal, se adelantaron los actos urgentes y se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para establecer la causa real de la muerte a través de la necropsia”, comentó la institución.