Inversiones que no fueron autorizadas por la junta de directores, asesores de inversiones no registrados ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés), manejadores de inversiones a cargo de cientos de millones de dólares sin contratos vigentes y deficiencias en los registros de contabilidad, fueron parte de los hallazgos de una auditoría que hizo la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).Los resultados de la auditoría fueron develados este martes, cuando los auditores de la OCPR concluyeron que por espacio de seis años, la CFSE no cumplió con múltiples normativas: desde no autorizar en qué se invierte el dinero de las primas que pagan los patronos hasta no contratar a tiempo a la firma de contabilidad que debe preparar los estados financieros de la corporación pública.En el informe se sugiere al Departamento de Justicia recobrar los fondos que habrían sido malversados.Inversiones contrarias a la leyUno de los principales hallazgos de la auditoría señala a la junta de gobierno de la CFSE, por alegadamente incumplir con su deber de fiducia al aprobar dos acuerdos de crédito por $80 millones en 2019 y 2021 que no cumplían con los tipos de inversión autorizados por su ley orgánica. A pesar de que la auditoría no precisa el nombre de los fondos de capital privado en los que la corporación confió el dinero público, las transacciones condicen con las sumas y las fechas en que se otorgaron préstamos a The Phoenix Fund (TPF), en 2019, y su subsidiaria PUC Holdings, en 2021. Ambas entidades, a su vez, pertenecen al asesor de inversiones que contrató la CFSE.Previamente, El Nuevo Día había revelado que la CFSE había contratado como asesor de inversiones a la firma Pariter Wealth Management Group, LLC, entidad que presidía Francisco J. Rivera Fernández, también dueño fundador de The Phoenix Fund y PUC Holdings.Según el informe de 37 páginas, la junta de gobierno y la gerencia de la corporación incurrieron en una “discusión superficial, falta de claridad o análisis” al autorizar en 2019 y 2021 dos acuerdos de crédito de $40 millones, cada uno, recomendados por el entonces asesor de inversiones de la entidad, catalogado como “Asesor B”.Los auditores señalaron que las transacciones no cumplían con los tipos de inversiones autorizados por la Ley 45-1935 (”Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”) y cuestionaron que se colocaran recursos públicos en instrumentos carentes de liquidez.“La principal desventaja de una colocación privada es que los valores generalmente no pasan por el proceso de registro de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), por lo que bajo las reglas de la SEC, no pueden venderse excepto a otro comprador grande y sofisticado en caso de que el comprador original quiera venderlos”, indica el informe de auditoría haciendo referencia a las transacciones con las firmas de inversión propiedad de Rivera Fernández.De inmediato, la dirección de la CFSE informó a El Nuevo Día que se encuentra en el proceso de lectura y análisis del informe con el equipo legal de la corporación pública y que posteriormente, se pronunciarán al respecto. Asesor sin autorización de la SECSegún el informe, Rivera Fernández, identificado como el “Asesor B” en el informe, comunicó a la junta de gobierno de la CFSE que The Phoenix Fund era cliente suyo, pero no divulgó que recibiría una comisión de más de $1.14 millones por la colocación de la primera inversión de $40 millones.La auditoría también encontró que el asesor de inversiones contratado por la CFSE no estaba registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), un requisito establecido en la política de inversiones de la corporación. Asimismo, identificó tres pagos por $14,072 realizados al asesor sin que existiera un contrato formal vigente.El informe de los auditores de la OCPR indica que la CFSE demandó a The Phoenix Fund y PUC Holdings por alegado incumplimiento de pago de las obligaciones derivadas de los acuerdos de crédito, litigio reseñado anteriormente por este medio. Según el informe, la corporación reclama alrededor de $99.5 millones, incluyendo principal e intereses acumulados. El litigio, sin embargo, está en un limbo y depende del proceso de bancarrota al que se sometió TPF.Entre los hallazgos más contundentes, la OCPR documentó que funcionarios que participaron del proceso decisional para determinar dónde se coloca el dinero correspondiente a la cartera de inversiones de la CFSE y que supera $1,800 millones, admitieron que no revisaron la documentación relacionada con los empréstitos otorgados a The Phoenix Fund y PUC Holding. “No leyeron los documentos pertinentes a estas transacciones, las propuestas, el Waiver, los acuerdos de crédito y los pagarés”, indica el informe. Tras los hallazgos, los auditores concluyeron que “la corporación no debe considerarse un inversionista sofisticado”.Manga por hombro las minutas de la junta...Además, se identificaron deficiencias en el manejo de las actas de las reuniones de la junta de gobierno, puesto que no se proporcionaron 29 minutas correspondientes a reuniones celebradas entre 2019 y 2023, a pesar de que las actas deben documentar las decisiones tomadas por la junta y formar parte de los controles administrativos de la entidad. La OCPR concluyó que las inversiones expusieron fondos públicos por $80 millones a un riesgo significativo de pérdida total o parcial y advirtió que la ausencia de mecanismos adecuados de evaluación, supervisión y control interno aumentó la vulnerabilidad de la corporación frente a este tipo de transacciones. La auditoría identificó además que la corporación pública no había sometido a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para revisión y aprobación previa de 19 contratos de inversión con un valor total de $780 millones, según requiere la política aplicable para contratos de $10 millones o más. Las inversiones fueron realizadas entre 2019 y 2025 sin que se completara el proceso de revisión establecido por la JSF. Y los contratos de manejadores de inversionesSegún el informe, la gerencia de la CFSE contestó los hallazgos del informe, indicando que los contratos de los manejadores de inversiones de la corporación pública no tienen que pasar el crisol de la JSF.En la comunicación emitida este martes por la contralora Carmen Vega Fournier se devela que la CFSE realizó 14 inversiones con un valor de casi $999 millones sin contratos formalizados con los manejadores de fondos. Además, 16 contratos relacionados con inversiones activas, valoradas en más de $737 millones, permanecían vencidos al momento de la auditoría, algunos desde hacía más de siete años, “lo que refleja deficiencias en los controles y en el cumplimiento de la reglamentación aplicable”, señala la comunicación. La investigación también reveló que entre los años fiscales desde el 2020 hasta el 2023 hubo retrasos de entre 136 y 450 días en la contratación de los auditores externos encargados de certificar los estados financieros de la CFSE.