El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sigue la pista al capital venezolano que se ha aportado a la aerolínea Plus Ultra. Para ello, ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre “la evolución de la propiedad del capital social” de la compañía, que permanece bajo el foco en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de tráfico de influencias —presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero― para conseguir el rescate público de 53 millones de euros tras la pandemia.En una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el instructor precisa que actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal Elena Lorente defendió que era pertinente reclamar a la UDEF este nuevo informe para analizar el “historial registral” completo de Plus Ultra, “desde su constitución hasta la fecha actual”. El ministerio público quiere conocer los cambios accionariales en la aerolínea, los “desembolsos concretos y efectivos”, la evolución de la propiedad y “cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés, atendiendo tanto a las inscripciones registrales como a cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos”. La Fiscalía incide en que Plus Ultra se constituyó el 25 de agosto de 2011, con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como “socios fundadores”. Y recalca que, “posteriormente”, se produjeron “diversos cambios accionariales”. En concreto, subraya como “particularmente significativas” las modificaciones que tuvieron lugar en 2017, cuando “personas de origen venezolano” entraron en “el capital social y en los órganos de gestión”. En el escrito, al que también ha tenido acceso este periódico, Anticorrupción defiende que el “alcance y eventual impacto” del acceso de “capital venezolano” a Plus Ultra en la petición del rescate de 53 millones de euros “debe ser objeto de análisis”.El juez ha accedido a la petición de la Fiscalía. “Ofíciese a dicha Unidad para que elabore un informe en los términos solicitados por el ministerio público”, apunta el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional. Este no es el primer encargo que realiza Calama en el marco de su investigación. Justo la semana pasada trascendió que había pedido a la misma Policía Nacional que redactara un informe sobre los movimientos en 57 cuentas bancarias de Zapatero, sus dos hijas y su secretaria desde enero de 2020, así como de una docena de sociedades investigadas en este procedimiento.Mientras los agentes trabajan en ambos encargos, está previsto que los días 7 y 8 de septiembre el juez interrogue como investigados a Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea, y a su ex consejero delegado, Roberto Roselli. Ambos dimitieron de sus respectivos cargos hace unos días. Calama les citó a declarar después de que ambos enviaran sendos escritos a la Audiencia Nacional para implicar a Zapatero en la obtención de ayudas públicas. Los dos directivos se pronunciaron en la misma línea que expuso Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante ―clave en la investigación―, que señaló que el antiguo líder del PSOE “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones que conllevaron al rescate de Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero ha defendido su inocencia y se ha desmarcado de cualquier irregularidad en la concesión del rescate a la compañía aérea. Al margen, está pendiente que el juez decida si accede o no a la petición de la Fiscalía de encargar un informe ampliatorio sobre las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno. La tasación final cifra el lote en unos 1,3 millones de euros. El que fuera líder de los socialistas, que declaró el pasado 17 de junio, aún no se ha pronunciado en sede judicial sobre el origen de las alhajas.