La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Galán, ha presentado este martes una querella criminal ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por la invitación que le cursó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que asistiera a la final del pasado Mundial de Futbol, en Nueva Jersey (EE UU). La querella incide en que “el valor indiciario de la localidad se sitúa según tarifa oficial de venta entre 3.560 y 7.386 euros con precios dinámicos y de mercados secundarios superiores”, por lo que considera que “concurren indicios racionales de que dicha ventaja patrimonial pudo ser ofrecida y admitida en consideración al cargo o función del receptor, lo que integraría los delitos de cohecho, pasivo, impropio (artículo 422 del Código Penal) y de cohecho activo (artículo 424) sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción”.La querella, a la que ha tenido acceso este diario, se dirige contra Marisa González, jefa de gabinete de la presidencia de la RFEF que desempeña Rafael Louzán. Se le atribuye, además, ser “asesora de comunicación del presidente de la Generalitat”. Por ello, se le acusa de un delito de cohecho activo “por ofrecer o entregar la dádiva a la autoridad”. No se conoce ninguna relación contractual de González con la Generalitat ni con Pérez Llorca; sí hay constancia de que la que fuera jefa de gabinete de la presidenta madrileña entre 2015 y 2018, Cristina Cifuentes, también del PP, ha asesorado puntualmente en algunos temas al presidente del Consell. Desde que trascendió el viaje de cuatro días de Pérez Llorca a EE UU, en compañía de su secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, para ver la final España-Argentina del pasado 19 de julio, el presidente ha incidido en que tanto el viaje como la estancia los pagó de su bolsillo porque fue un desplazamiento “privado”. En el mismo sentido se ha manifestado Ordaz, que ha reconocido también que la Federación Española “tuvo la deferencia” de invitarle con una entrada, “como ha hecho con otras personas”. No ha trascendido que asistiera ningún otro presidente autonómico a la final. El propio Pérez Llorca, enfundado con la camiseta de España, envió mensajes en sus redes sociales desde el estadio de la final y celebró especialmente el gol del valenciano Ferran Torres. Tras las críticas vertidas en Les Corts por los grupos de la oposición, el PSPV-PSOE y Compromís, que calificaron la invitación de “cohecho pasivo impropio” y exigieron conocer los costes del viaje, fuentes de la RFEF señalaron a este periódico el 21 de julio que Pérez Llorca y Ordaz se interesaron por comprar las entradas y que la entidad decidió extenderles sendas invitaciones, tal y como hicieron también “con otras personalidades, políticos, periodistas, diplomáticos, exjugadores o actores, sin distinción ideológica, y en aplicación” de sus competencias como organización privada, afiliada a la FIFA, organizadora del Mundial. Presidencia de la Generalitat ha señalado esta tarde a este periódico que no tiene nada que decir sobre la querella presentada. Marisa González no ha respondido al mensaje remitido por este diario por el momento.La querella, que se ha presentado en el TSJCV al ser Pérez Llorca aforado, señala que “la naturaleza jurídico-privada de la RFEF, invocada por dicha entidad para rehusar dar explicaciones”, no excluye la relevancia penal de los hechos, sino que “la presupone”. Y añade que la federación “ejerce, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo y percibe financiación pública, lo que refuerza la exigencia de objetividad y transparencia en sus atenciones a las autoridades”.La denuncia, de 26 páginas, alude a que los presupuestos de la Generalitat para este año consignan “dos ayudas directas a la RFEF por importe de 45.000 euros cada una -90.000 € en total- destinadas a la organización de la Supercopa Femenina de Fútbol en Castellón y al partido de clasificación de la selección femenina para el mundial 2027. Hace cinco días, la Generalitat hizo público que durante 2026 invertirá 1,6 millones de euros en ayudas a clubes y deportistas valencianos en general Hay diferentes líneas de ayudas a las distintas federaciones, sobre todo a las territoriales.La asociación que preside Galán no se ha querellado finalmente contra Rafael Louzán, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra entre 2003 y 2015 por el PP, a pesar de lo que avanzaba en el burofax que envió la pasada semana a la RFEF, en el que requería a la entidad toda la información relativa a la entrada a la final y anunciaba la denuncia interpuesta ahora. Su declaración “se interesa en calidad de testigo”, dice la denuncia.Normalmente, la gran mayoría de las querellas son admitidas a trámite, si no contienen defectos de forma. Fuentes del TSJCV apuntan que muy difícilmente el tribunal se pronunciará sobre este trámite al ser agosto un mes inhábil si no se trata de una cuestión urgente y de máxima relevancia. Galán, propietario de la escuela de entrenadores Cenafe, es un viejo conocido en el mundo del fútbol y las querellas. Una denuncia suya dirigida en 2017 al Consejo Superior de Deportes (CSD) contra Ángel María Villar por vulnerar la neutralidad en el proceso electoral acabó con los 30 años del dirigente bilbaíno al frente de la RFEF. También consiguió vetar a uno de los árbitros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que era socio del abogado de Luis Rubiales, en el proceso sobre el beso a Jennifer Hermoso, entre otros pleitos.