La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha desplegado este martes una defensa política y jurídica de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. La polémica que generó el tema en los últimos días ha escalado hasta la conferencia matutina de la mandataria. Tras varios días de críticas y muestras de preocupación de medios de comunicación, especialistas, organizaciones civiles y de la oposición, que han advertido riesgos para la libertad de expresión en México, el Gobierno defiende que no decidirá qué es verdad ni sancionará contenidos periodísticos.Sheinbaum ha dicho que los lineamientos tienen como objetivo fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información y no para establecer un mecanismo de censura. “Así como el Gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información”, ha dicho desde Palacio Nacional.La intervención presidencial llega después de que arrancara la consulta pública a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, impulsada desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que ha desatado una intensa discusión sobre el alcance de las nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión. El punto más controvertido ha sido la exigencia de distinguir entre información y opinión y la posibilidad de que esa obligación derive, según sus críticos, en una intervención indirecta sobre el trabajo editorial.La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, también ha salido al paso de las críticas sobre los lineamientos que derivarán en una nueva ley. La funcionaria ha explicado el contenido de los lineamientos y ha insistido en que las sanciones previstas no recaen sobre los contenidos difundidos, sino exclusivamente sobre obligaciones administrativas. Según dijo, las únicas conductas susceptibles de sanción son la ausencia de un código de ética, la falta de designación de una persona defensora de las audiencias o no poner a disposición de los usuarios mecanismos para presentar quejas. “No se sanciona por los contenidos”, ha insistido como parte de la defensa del tema.Alcalde sostuvo que la polémica parte de una interpretación errónea de la propuesta. “Inició esta campaña pretendiendo establecer una falsa narrativa de que lo que se buscaba era censurar”, dijo. También rechazó que los lineamientos otorguen al Estado la facultad de definir la verdad informativa. “El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medios de comunicación, a través de sus códigos de ética, los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz”, ha zanjado. La explicación oficial también ha incluido una defensa de la obligación de diferenciar opinión e información. La consejera señaló que los propios medios podrán establecer, mediante avisos al inicio y al final de sus programas, cuando un espacio combine análisis, opiniones y contenidos noticiosos, con el propósito de ofrecer mayor claridad a las audiencias.Con esa explicación, el Gobierno intenta cerrar el flanco más delicado de las nuevas disposiciones que ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de las audiencias y la autonomía editorial. Con todo, la explicación no ha disipado todas las dudas. Los sectores más críticos sostienen que, aunque los lineamientos no faculten expresamente al Estado para calificar contenidos, la obligación de acreditar que la información es “veraz” y de separar opinión de información podría generar incentivos para la autocensura y abrir un margen de discrecionalidad regulatoria que termine afectando la libertad de prensa.La presidenta ha buscado desactivar este martes la percepción de que su Gobierno pretende ampliar las facultades del Estado sobre los contenidos de radio y televisión, mientras la consulta pública —que arrancó el 27 de julio y permanece abierta hasta el 21 de agosto— está en proceso; la oposición, periodistas y algunos medios de comunicación mantienen la presión para que los lineamientos sean modificados antes de su aprobación definitiva.