En un escrito de casi cien páginas, los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Nicolás Turano (de la Procuración Nacional) solicitaron formalmente el procesamiento de los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Montesi. El pedido incluye un requerimiento de arresto domiciliario para Sánchez Torres, tras ser considerado responsable de una trama de abuso de autoridad y violencia de género institucional en perjuicio de una funcionaria que era subordinada suya.
En la práctica, el juez Alejandro Sánchez Freytes -a quien están dirigidos los pedidos- no podría ejecutar la detención. Sánchez Torres tiene fueros como juez y sólo sería factible arrestarlo si el plenario del Consejo de la Magistratura aprueba el proceso de destitución.
Actualmente hay cuatro denuncias en el organismo contra Sánchez Torres y Montesi, la última fue presentada por Elisa Carrió, y se tramitan en la Comisión de Disciplina. Como los fiscales Hairabedián y Turano pidieron detener al actual vicepresidente del tribunal de Alzada, el juez podría informar al Consejo e intervendría directamente la Comisión de Acusación.
Lo esperable es que el Consejo de la Magistratura tome algún tipo de intervención por el impacto institucional y en las actividades jurisdiccionales. La Cámara es un tribunal colegiado donde dos de sus miembros están sospechados de comisión de delitos, además de constituir una pareja de hecho.
