EditorialSolo queda emitir la condena histórica hacia todos aquellos involucrados en esta trama que impactó en el retraso o detención de proyectos hospitalarios.
Siete años después del anuncio de hallazgos y órdenes de captura en un caso que señalaba amaños en compras, tráficos de influencias en contrataciones y plazas fantasmas en el Ministerio de Salud, entre los años 2012 y 2014, en el período de mayor predominio del extinto partido “Patriota”, por fin hubo tres sentencias contra tres exdiputados. El caso ha pasado por el anquilosado serpentín judicial, con no pocas resoluciones contradictorias, cierres de caso prácticamente exculpatorios y la siempre ominosa demora kafkiana en resolver apelaciones, recusaciones, incomparecencias que forman parte de toda ruta procesal pero cuyo retardo abona a la incertidumbre.
Son tres los diputados sentenciados, de 10 que fueron inicialmente señalados dentro de los 30 presuntos involucrados detallados inicialmente por la Fiscalía. Los indicios apuntaban a una participación de más de un centenar de personas, pero queda claro que no eran sólidos o que, a pesar de haberlos, lograron escabullirse. En varias de las abundantes desestimaciones y desvinculaciones del caso se invocó la falta de indicios suficientes, deficiencias en la investigación y contradicciones en la acusación.
