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El borrador del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo de Keiko Fujimori prepara para enviar al Congreso encendió las alarmas entre especialistas ambientales. Entre otros temas, la propuesta plantea cambios que, bajo el argumento de destrabar inversiones, podrían reducir controles, flexibilizar evaluaciones y debilitar salvaguardas para áreas naturales protegidas, territorios indígenas y ecosistemas estratégicos.
Aunque el documento aún no es definitivo y podría modificarse antes de llegar al Parlamento, el capítulo ambiental propone otorgar al Ejecutivo facultades para modificar reglas sobre certificación ambiental, reducir plazos, simplificar procedimientos, aplicar el silencio administrativo positivo y revisar las restricciones para actividades económicas dentro de áreas naturales protegidas.
Para los especialistas consultados por La República, el riesgo es que estas medidas repitan una tendencia de flexibilización iniciada en años anteriores y que termine priorizando la rapidez de los proyectos sobre la prevención de impactos ambientales. José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, sostiene que la propuesta no plantea un verdadero equilibrio entre inversión y protección ambiental. “Inclina la balanza para que supuestamente las inversiones fluyan”, afirmó.
