En el marco del paro nacional docente convocado para este 3 de agosto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial dirigido a inspectoras e inspectores jefes regionales, distritales, de enseñanza y a los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades, fijando la postura institucional frente a posibles acciones de fiscalización de la Nación. Según detalla la nota formal remitida por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el Ministerio de Trabajo bonaerense presentó una solicitud ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se abstenga de requerir datos sobre la adhesión a la medida o de verificar el cumplimiento de los «pisos de prestación mínima» contemplados en el artículo 101 de la Ley 27.802. Desde la cartera provincial argumentan que la fiscalización sobre el empleo público de su jurisdicción incurre en una inconstitucionalidad. Al respecto, citan el artículo 6 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe que organismos administrativos nacionales ejerzan facultades de control o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el debido proceso político-parlamentario. Bajo esa premisa, consideran que cualquier requerimiento de información a las autoridades escolares sobre personal provincial constituye un «avance ilegítimo sobre la autonomía local».