La estrategia política del Gobierno Nacional para las próximas elecciones seccionales tiene un objetivo claramente definido: conquistar el mayor número posible de alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Para el Ejecutivo, ese resultado no solo significará un fortalecimiento de su presencia territorial, sino que será una herramienta muy importante para consolidar la lucha contra los grupos de delincuencia organizada (GDO) que operan en distintas zonas del país.La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, sostiene que el combate al crimen organizado requiere una coordinación efectiva entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). PublicidadA su juicio, la falta de articulación con algunas administraciones locales ha dificultado la ejecución de políticas de seguridad, infraestructura y servicios básicos, lo que ha sido aprovechado por estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.“Creemos en el trabajo conjunto. Teniendo prefectos y alcaldes que sean aliados y compartan nuestra misma visión, podremos reducir los conflictos institucionales y entregar a la ciudadanía las obras que realmente necesita”, afirmó Morillo al justificar el interés del Ejecutivo por lograr una amplia representación de autoridades seccionales afines.La ministra argumenta que la coordinación con municipios y prefecturas es indispensable para ejecutar proyectos complementarios a la estrategia nacional de seguridad. Explica que, además del trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales tienen competencias que inciden directamente en la prevención del delito, como la iluminación de espacios públicos, el mantenimiento de vías, el saneamiento ambiental y la recuperación de parques y áreas recreativas, evitando que estos lugares se conviertan en refugios para organizaciones criminales.PublicidadPublicidadMorillo reconoce que el Gobierno ha encontrado obstáculos para implementar plenamente sus planes de seguridad en ciudades como Quito y Guayaquil, debido a la falta de coordinación institucional. Como ejemplo menciona el caso de Segura EP, empresa municipal creada para fortalecer la seguridad en Guayaquil que, según la funcionaria, debió trabajar articuladamente con el ECU911, el Ministerio del Interior y la Policía para optimizar la protección ciudadana.La ministra también sostiene que algunos gobiernos locales han sido permeados por intereses ajenos al bienestar ciudadano. Sin generalizar, señala que existen autoridades investigadas por la justicia que reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. Recordó el caso del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, sobre quien la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó operaciones inusuales que superarían los 15 millones de dólares y que actualmente forman parte de investigaciones de la Fiscalía.“Si un funcionario público, sin importar el partido político al que pertenezca, no puede justificar el origen de sus recursos, debe responder ante la justicia”, enfatizó Morillo, al tiempo que aseguró que en los procesos judiciales actualmente abiertos no existen autoridades vinculadas al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).Dentro de esa estrategia electoral, el Gobierno también ha optado por incorporar a figuras con amplia trayectoria política y experiencia administrativa, incluso provenientes de otras organizaciones políticas. PublicidadEl adelanto de las elecciones y el reducido tiempo para desarrollar la campaña llevaron a ADN a buscar candidatos que ya han ejercido funciones como alcaldes o prefectos y que ahora respaldan el proyecto oficialista.Uno de los casos más representativos es la candidatura de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil. Según Morillo, su designación responde a su experiencia en gestión pública y a la convicción del Gobierno de que impulsará una planificación alineada con la estrategia nacional para combatir el crimen organizado, fortalecer la obra pública y garantizar transparencia en la administración de los recursos.No obstante, la estrategia gubernamental también ha despertado cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Sus críticos consideran válido el interés del Ejecutivo de obtener el mayor respaldo electoral en los gobiernos locales, pero advierten que detrás de esa meta también existiría un interés por consolidar una estructura política territorial que fortalezca las aspiraciones electorales del oficialismo hacia los comicios presidenciales de 2029.El analista político Héctor Muñoz opina que es completamente legítimo que un gobierno busque conquistar la mayor cantidad de alcaldías y prefecturas del país. A su criterio, cualquier organización política aspira a ampliar su representación territorial para ejecutar con mayor eficacia su programa de gobierno.Sin embargo, advierte que el desafío no radica en el objetivo, sino en los mecanismos utilizados para alcanzarlo. “El problema no es querer ganar elecciones; el problema sería hacerlo vulnerando la ley o utilizando procedimientos que no estén amparados por el ordenamiento jurídico”, sostiene.Muñoz también coincide en que las organizaciones criminales buscan infiltrar los procesos electorales para obtener espacios de poder local desde donde puedan proteger sus actividades ilícitas. En ese contexto, considera razonable que el Estado fortalezca los controles para impedir que candidatos vinculados al narcotráfico o a economías ilegales accedan a cargos de elección popular.“El Gobierno está haciendo esfuerzos para golpear las estructuras financieras de los grupos de delincuencia organizada. Lo menos conveniente sería permitir que esas organizaciones logren infiltrarse en las elecciones seccionales”, señala.No obstante, el analista cree que al Ejecutivo aún le falta comunicar mejor el alcance de su estrategia y demostrar con resultados concretos que la coordinación con alcaldes y prefectos realmente fortalece la seguridad ciudadana. A su juicio, el discurso debe ir acompañado de avances visibles en infraestructura, vialidad, servicios públicos y reducción de la violencia.Muñoz agrega que el Gobierno también debe entender que las críticas forman parte del debate democrático y que cuestionar determinadas decisiones no convierte automáticamente a sus detractores en aliados del correísmo o de las organizaciones criminales. (I)