NoticiaEl órgano de control realizó un análisis al proyecto de presupuesto general de la Nación para el siguiente año. Estos son los resultados detallados.El gobierno nacional aseguró que se tratará de un proceso gradual durante cinco años. Foto: Archivo El Tiempo03.08.2026 06:06 Actualizado: 03.08.2026 06:17
La Contraloría General de la República encontró que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 tiene una desfinanciación de $30,2 billones. Así lo dio a conocer al público a través de una comunicación, en la cual, además de lanzar tamaña alerta, le pidió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República respaldar cada apropiación de recursos públicos con ingresos reales o ajustar el gasto para no comprometer la sostenibilidad fiscal del país.El órgano de control advirtió que este no es un hallazgo aislado, sino el resultado de una serie de alertas históricas. Durante las tres últimas vigencias presupuestales, la entidad ha identificado riesgos estructurales similares en la forma como se financia el Presupuesto. En cada una de esas ocasiones se encontró que el gasto público debe sustentarse en ingresos ciertos y no en supuestos, que la inversión no estaba creciendo, y que el Proyecto de Presupuesto debe guardar coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.Edificio de la Contraloría. Foto:Archivo particularEl antecedente más reciente se dio el 19 de agosto de 2025, durante el trámite del presupuesto general de la Nación 2026, cuando la Contraloría señaló que el principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas. En esa oportunidad, el ente de control fue enfático en señalar que el Gobierno Nacional había planeado, de nuevo, el presupuesto con base en una reforma tributaria que finalmente no se materializó.Deuda vs inversiónUno de los puntos que más preocupa a la Contraloría es la composición del gasto proyectado. Según el análisis, el gasto proyectado para 2027 está relacionado principalmente con el servicio de la deuda, mientras los recursos destinados a inversión y funcionamiento permanecen prácticamente estancados. “Esta composición incrementa la presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen para impulsar el desarrollo”, explicó la entidad.
