Criterio urbanoUna agenda para la transformación del país
Guatemala ha avanzado en cuanto a su agenda del sector eléctrico. A finales de los 80 y principios de la década de los 90, quienes la recordamos, vivimos otra realidad. En cada hogar teníamos candelas listas para cuando hubiera un apagón. La Ley General de Electricidad, aprobada en 1996, hace exactamente 30 años, vino a cambiar esta realidad, y ahora los apagones en el Área Metropolitana y en las diferentes ciudades intermedias quedaron en el pasado y es algo que los jóvenes de ahora no comprenden.
Esta realidad se podría revertir si no tenemos la atención debida como país a este sector tan importante para el desarrollo económico de Guatemala. Y es que pocas decisiones de política pública inciden tanto en la competitividad como las que se toman, o se dejan de tomar, en el sector eléctrico: la energía condiciona la atracción de inversión, la localización de nuevas industrias y el costo de operación de la agroindustria y la manufactura.
El estudio de Deloitte para el Consejo de la Industria Eléctrica (2024) documenta que la capacidad instalada efectiva —3,447 MW— no creció desde 2019, mientras la demanda avanzó 4.0% anual entre 2013 y 2023, impulsada por el segmento no regulado, que creció 1.7 veces más rápido que el regulado. La consecuencia es aritmética: “márgenes de reserva negativos hacia 2027-2028, despacho más frecuente de plantas caras y un precio spot que pasó de 63 a 105 US$/MWh entre 2019 y 2023, con déficits estimados de 14% a 24% en la hora crítica de cada año”.
