NoticiaLos cinco capturados en audiencia por la desaparición y el asesinato de María Camila Potosí. Foto: Fiscalía General de la NaciónEDITOR MESA02.08.2026 23:01 Actualizado: 02.08.2026 23:01
El brutal e indignante feminicidio de María Camila Potosí y de su bebé no nacida en Cali ha sacudido a un país que, como el nuestro, está desafortunadamente acostumbrado a que los crímenes contra mujeres y niños superen, uno detrás del otro, los niveles de degradación y de inhumanidad.La mujer que según las investigaciones pagó cuatro millones de pesos para asesinar a María Camila y robarse a su bebé, y los esbirros en semejante plan ya fueron enviados a prisión preventiva por un juez de Cali. A cuentas de la justicia colombiana de hoy, pagarán al menos 50 años de prisión: ya algunos están buscando rebajas de penas a través de la entrega de información sobre el caso, como la ubicación de los restos de la niña. El caso retrata el horror en el que seguimos cayendo como sociedad y, de manera entendible, ha encendido de nuevo las voces que claman por condenas más duras, incluida la cadena perpetua. Entre esas voces está la del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que ya en campaña la había planteado para los asesinos y violadores de niños y que esta semana le dio orden a su ministro de Justicia, Iván Cancino, para que “abandere el endurecimiento de penas”. Frente a crímenes como el que nos atañe, la exigencia generalizada es asegurar que los responsables acaben sus días detrás de las rejas. De nuevo, es una reacción más que comprensible frente al desprecio por la vida humana que atraviesa de principio a fin este expediente. Pero la indignación no puede ser motor de la política criminal. Frente a situaciones como esta, las preguntas de fondo son: 1. ¿La eventual vigencia de la cadena perpetua en Colombia es el elemento que por sí solo lograría evitar estos crímenes? Y 2. ¿Es viable en la Colombia del siglo XXI revivir una pena desueta y ajena a nuestra realidad, y a la de la mayoría de países democráticos, desde hace ya más de un siglo? Ambas han sido respondidas negativamente no una, sino varias veces, en nuestra vida institucional. Más que la cárcel de por vida, al criminal lo asusta que haya un chance real de que sea capturado y condenado por sus actos. De nada valen las supuestas condenas de 60 años si no hay Estado que las haga cumplir y que evite que los pocos capturados y condenados puedan sacar provecho de los muchos huecos que sigue teniendo nuestro sistema legal.Antes de emprender la quijotada de tratar de revivir la cadena perpetua –a la que la Corte Constitucional, como hace cinco años, volverá a decirle que no en caso de que la apruebe el Congreso, porque va en contravía de los pilares de la carta del 91– y de promover un desgaste institucional innecesario, el Gobierno debía pensar mejor en las balas que sí puede gastar y que sí serían viables política y constitucionalmente. Por ejemplo, la de imponer condenas correspondientes con sus actos a los adolescentes responsables de asesinatos y otros crímenes de gravísimo impacto para nuestra sociedad.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
