La contundencia con la que el ultraderechista José Antonio Kast ganó las presidenciales chilenas del pasado diciembre se ha evaporado en tiempo récord. Del 58,16% de los votos al 28,9% de aprobación en cinco meses escasos de mandato. Es el peor registro desde que asumió el 11 de marzo —el rechazo alcanza el 56,6%— y dieciocho puntos menos que en su primera medición como presidente. Las cifras son las de Pulso Ciudadano, el sondeo de Activa Research, la consultora que más afinó la segunda vuelta.PublicidadEl 49,8% de los chilenos cree que el país está peor que hace un año y apenas el 18,6% cree que está mejor. Los datos duros acompañan a la percepción. El Instituto Nacional de Estadísticas publicó el 31 de julio que el paro se mantiene en el 9,4% en el trimestre abril-junio, su nivel más alto en cinco años, con la informalidad laboral en el 27%. El desempleo ya es el segundo problema del país para el 32,7%, solo por detrás de la delincuencia.La megarreforma y el fantasma de CodelcoKast ganó las elecciones prometiendo mano dura y liberalismo económico. De momento, su gobierno ha primado la calculadora a la porra. Casi todo su capital político está invertido en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, un macro paquete legislativo que anunció a bombo y platillo en cadena nacional el 15 de abril. Son más de cuarenta medidas fiscales, laborales y de tramitación de permisos metidas en un mismo texto.El corazón del texto es liberalizador. Rebaja el impuesto de sociedades del 27% al 23%, garantiza a las inversiones superiores a 50 millones de dólares que su tributación no cambiará durante hasta veinte años, y flexibiliza el cómputo de la jornada de 40 horas hasta permitir semanas de 52 compensadas a lo largo del año. La ciudadanía no acompaña ninguno de esos pilares: el 43,1% rechaza la rebaja del impuesto a las empresas frente al 26,1% que la apoya, y la reforma de la jornada suma un 44,6% de rechazo por un 26% de respaldo. Kast saca adelante su reforma central mientras la pierde en la calle.PublicidadPero el Partido Republicano, la formación que Kast fundó en 2019 y cuyo nombre remite al partido de Donald Trump, mira más allá. El 28 de julio, su presidente y senador Arturo Squella dijo que lo siguiente debía ser la privatización de Codelco —la empresa estatal del cobre y mayor productora mundial del metal— "o al menos de parte de su propiedad". Nacionalizada por Salvador Allende en 1971 con el voto unánime del Congreso, sigue siendo el símbolo económico de la soberanía chilena. La oposición reaccionó en bloque y La Moneda descaifenó el anuncio al hablar de vender "bienes prescindibles" y a asociar la minera con capital privado.Treinta y nueve autoridades fuera en menos de cinco mesesLa otra hemorragia que sufre el Gobierno no es de votos, sino de personal. En total, 39 autoridades fuera de su cargo desde marzo, según el registro que actualiza el periodista Danilo Herrera: dos ministras, cinco subsecretarios y treinta y dos secretarios regionales ministeriales, entre renuncias, ceses, nombramientos anulados y gente que ni llegó a tomar posesión.PublicidadEl grueso son seremis, los delegados de cada ministerio en las dieciséis regiones. En abril cayeron en bloque varias designaciones por no cumplir los requisitos del cargo. Julio ha sido peor: el seremi de Salud de Magallanes salió tras ser detenido por un presunto delito sexual y la de Arica, después de difundirse un mensaje suyo que exigía que los aspirantes a un puesto fueran "republicanos o hijos de republicanos".A la fragilidad de los nombramientos se suma un filtro inédito en Chile que Kast impuso antes incluso de jurar el cargo: un test capilar de drogas, que detecta el consumo de meses y no de días, para todo el que quiera entrar en su gobierno. Se ha cobrado ya varias piezas, la más alta el 23 de julio: el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Tres días después, el presidente firmó una reforma constitucional para hacer el examen obligatorio y periódico, con cesación del cargo en caso de positivo, para ministros, parlamentarios, gobernadores y alcaldes. Ni el jefe del Estado ni los jueces figuran en el listado.El golpe mayor, sin embargo, había llegado antes. El 19 de mayo, a 69 días de asumir, Kast se vio obligado a remodelar el Gobierno. Ningún presidente había tenido que tocar su gabinete tan pronto desde el final de la dictadura: el récord anterior lo tenía Michelle Bachelet, con 126 días en 2006. Cayeron dos ministras. La portavoz Mara Sedini arrastraba el ruido de un comunicado oficial sobre un "Estado en quiebra" que agitó los mercados. Trinidad Steinert, exfiscal y titular de un Ministerio de Seguridad Pública de creación reciente, no había presentado plan alguno y tenía encima una comparecencia forzada en el Congreso a petición de la oposición. El propio Kast reconoció que no lo tenía previsto.El detalle no es menor porque la seguridad era la promesa. Kast ganó hablando de delincuencia, que sigue siendo el primer problema del país para el 46,4% de los chilenos. Su sustituto en la cartera, Martín Arrau, no llevó un plan al Senado hasta junio: 65 medidas y 25 proyectos de ley, entre ellos una ley antiencapuchados y un Escudo Fronterizo con zanjas en los pasos de Chacalluta y Colchane, en la frontera norte. El 30% de los hogares dice haber sufrido un robo o un intento de robo en los últimos tres meses.Un desgaste que va más allá de La MonedaConviene no leer estas cifras como una condena definitiva. La política chilena funciona en dientes de sierra y el bloque decisivo es enorme: un 42,4% no se define ni partidario ni opositor del Gobierno, frente al 26,3% de opositores y el 22,5% de partidarios. Ese centro flotante castiga y perdona según la coyuntura. Y ahora castiga a todos: el Congreso acumula un 70,1% de desaprobación y el Poder Judicial, un 70,9%. El desgaste alcanza ya a los tres poderes del Estado.A Kast le quedan tres años y medio de mandato y una mayoría parlamentaria que le ha permitido aprobar su reforma más ambiciosa. Lo que ya no tiene, casi cinco meses después de la investidura, es la mayoría social con la que llegó.