EntrevistaEl director ejecutivo de Transparencia por Colombia ofrece un panorama de algunos casos y dice que están marcados por intereses políticos.Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia Foto: Archivo01.08.2026 22:01 Actualizado: 01.08.2026 22:01
La manera como Gustavo Petro está terminando su mandato echa por tierra buena parte de los valores que había esgrimido durante años. El revuelo generado por las maniobras de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, así como las de Gabriela Muñoz, es apenas el último capítulo de una larga serie de escándalos de corrupción que han caracterizado su mandato. Los episodios ante los cuales el mandatario ha cerrado los ojos abarcan todo el cuatrienio, desde la manera irregular como financió su campaña hasta la avalancha de contratos directos que ha tratado de hacer en las últimas semanas.¿Estamos ante el gobierno más corrupto de la historia reciente del país? ¿Qué rol ha jugado el presidente en esos episodios? Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, responde esos interrogantes en esta entrevista y analiza cómo se transformó la corrupción bajo el gobierno Petro. Si uno trata de resumir los principales escándalos de corrupción sucedidos bajo este gobierno, se le vienen a la cabeza Nicolás Petro, Ricardo Roa, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la UNGRD y las jóvenes amigas especiales de Petro. Y, para rematar, una maratón de contratos a dedo después de la ley de garantías. ¿Se me escapa algo importante?Si analizamos la presidencia de Gustavo Petro, debemos arrancar con la manera como su proyecto político llegó al poder, porque es la primera vez que tenemos en Colombia una sanción en firme, por lo menos en el ámbito administrativo, del Consejo Nacional Electoral a una campaña financiada irregularmente. Como decimos en Transparencia por Colombia, la manera como se financia una campaña muchas veces da pistas de qué tipo de gestión habrá durante un periodo presidencial. La situación ya era preocupante desde la campaña, por la financiación irregular y el caso del hijo del presidente Petro, que sigue siendo investigado. El caso de Nicolás Petro tiene dos vertientes: la presunta recepción de dineros de personajes de dudosa reputación, recursos que no tendría por qué recibir el hijo de un presidente recién elegido, y un contrato con presuntas irregularidades cuando era diputado. ¿En qué van esas investigaciones?Están avanzando. La Fiscalía ha hecho un trabajo algunas veces cuestionado, pero esto ya está en manos del juez. En el proceso sobre la presunta recepción de recursos, que termina siendo un posible lavado de activos, identificamos un trabajo muy creativo de la defensa, que ha utilizado múltiples recursos jurídicos para dilatarlo. El llamado al juez es que permita avanzar el caso. Después está el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Está claro que la corrupción no es solamente de este gobierno, pero este caso ha llevado a exministros, altos funcionarios y expresidentes de la Cámara y del Senado a estar privados de la libertad, además de congresistas investigados. Eso es gravísimo: ya no hablamos solo de recursos desviados y tráfico de influencias, sino que se ha roto la separación de poderes mediante un esquema de corrupción.Recordemos que desde la Casa de Nariño se habrían desviado recursos de la Unidad hacia contratos solicitados por congresistas. Hay dos exministros privados de la libertad, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, está prófugo en Nicaragua, y también están en manos de la justicia el director y el subdirector de la Unidad y los expresidentes del Senado y de la Cámara, como usted bien señala. ¿Este es el peor caso de corrupción de nuestra historia?No es fácil afirmar a estas alturas que sea el peor, pero la justicia sigue avanzando. Por ahora no hay condenas, pero están funcionando muy bien los principios de oportunidad y los señalados están colaborando con la justicia. Premiar la colaboración está demostrando que es fundamental para luchar contra la corrupción.Usted también ha mencionado el episodio de ‘Papá Pitufo’. ¿Nos recuerda en qué consiste?Es una persona muy poderosa que, al parecer, había capturado a su favor a autoridades portuarias para permitir el ingreso de recursos asociados al contrabando. El asunto es delicado porque muchas de estas actuaciones irregulares vinieron de organismos de inteligencia. El presidente Petro dijo el 7 de agosto de 2022 que utilizaría la inteligencia para perseguir la corrupción. Eso no ha sido así y, por el contrario, la inteligencia terminó involucrada en problemas muy complejos. La corrupción no es solamente pasar un sobre de dinero por debajo de la mesa. También es capturar entidades y sectores, permitiendo que opere la criminalidad organizada. Mauricio Reina en EL TIEMPO. Foto:Fernando Ariza Romero / EL TIEMPOHablando de la construcción de estructuras que permiten la operación del crimen, ¿qué se puede decir de la inmensa cantidad de plata en efectivo que había en la casa de Laura Sarabia cuando era jefa de Gabinete del presidente Petro, de los interrogatorios ilegales a su niñera y del aparente suicidio del coronel Dávila, un miembro de la Policía que conocía el caso? ¿Eso también puede calificarse como corrupción?Definimos la corrupción como el abuso de un poder delegado, o de una posición de poder, para obtener un beneficio particular, afectando el beneficio colectivo. Aquí vemos que, al parecer, se utilizaron funciones de policía e investigación para favorecer el interés particular de una funcionaria. Sin lugar a dudas, el abuso de poder es hermano de la corrupción. No siempre la corrupción se manifiesta en recursos perdidos, pero sí está asociada con abusar de funciones públicas. Estas personas llegan allí porque las elegimos y nos están defraudando. Esa defraudación está dentro de la definición de corrupción.Angie Rodríguez, otra exdirectora del Dapre, oficina ubicada al lado del presidente en la Casa de Nariño y en la toma de decisiones, presentó esta semana una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación, y pidió investigar más de diez hechos, entre ellos presuntos abusos de poder, amenazas y maltrato. ¿Esos hechos pertenecen a la categoría de condiciones que propician la corrupción?Para que la corrupción se materialice siempre deben existir condiciones que la propicien. Los manejos cuestionables del poder, la oscuridad en la toma de decisiones y la afectación directa del presidente a Angie Rodríguez como denunciante de corrupción, que rompe cualquier estándar internacional, son condiciones propicias para que eventualmente se materialicen hechos que el país tendrá que conocer en procesos judiciales. Estamos ante un escenario de presunto abuso del poder que puede ser caldo de cultivo de otros desvíos, que aún deben ser comprobados.Angie Rodríguez radicó denuncias contra el Presidente ante la Comisión de Acusaciones Foto:ArchivoAngie Rodríguez y otras personas han puesto el foco sobre las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, y Gabriela Muñoz, mujeres jóvenes que rondaban al Presidente, quien las ha defendido públicamente. Se trata de personas cercanas que no tienen las credenciales para intervenir en nombramientos, presupuestos o contratos, y a pesar de ello parecen haberlo hecho. ¿Ese tipo de presunta corrupción no se había visto antes?Posiblemente no con esas figuras, que además hacen que el episodio sea muy llamativo: mujeres jóvenes y atractivas. Pero si pertenecen a algo que podría ser un patrón: son personas que han logrado tener acceso al Presidente y, en función de eso, es posible que hayan aprovechado su condición para ganar poder y generar posibles escenarios de corrupción. En el medio suele haber un operador político con acceso al tomador de decisiones. Esas personas terminan configurando redes mucho más impactantes por su alcance. En el ámbito internacional se les denomina facilitadores de corrupción.Al observar el bosque completo, ¿en el gobierno Petro se han desarrollado formas de corrupción distintas de las vistas en gobiernos anteriores?Es difícil extraer una característica específica. La corrupción no es propia de esta administración. Hemos tenido escándalos gravísimos durante muchos años y siguen presentes los riesgos en contratación pública y dinámicas irregulares que pasan de la campaña a la administración. Con esa aclaración, hay una particularidad: lo grave en estos casos es que tocan el círculo directo, a veces íntimo, del Presidente, por ejemplo, su relación familiar con Nicolás Petro, sin que haya un rechazo suficientemente contundente del mandatario frente a estos hechos. Petro, de manera contraria a lo que hizo en su historia política, especialmente como congresista, no terminó de desmarcarse de los hechos que el país está evidenciando. Eso es grave porque nos quita una pieza imprescindible de la lucha contra la corrupción: un liderazgo ético, firme y comprometido, capaz de dar ejemplo y mostrar que esto es en serio. ¿Esa ausencia de liderazgo ético del Presidente puede caracterizarse también como tolerancia frente a hechos de corrupción de personas cercanas familiar, sentimental o laboralmente?Lastimosamente, creemos que sí ha habido tolerancia de este gobierno con la corrupción, sobre todo en función de intereses políticos e ideológicos. Desde la campaña, el Presidente planteó un mensaje muy complejo: el fin justifica los medios. El Pacto Histórico se acercó a personas de la clase política tradicional, personas cuestionadas y financiadores aparentemente también cuestionados. De ahí en adelante, ese parecería haber sido uno de los grandes principios de gestión: hay que alcanzar un fin sin importar cómo, y si para ello hay que ser tolerante con ciertas actuaciones no muy íntegras, se dejan pasar para que el proyecto siga avanzando. Mientras la justicia determina montos y responsabilidades de estos escándalos, ¿puede decirse que esa indolencia frente a la corrupción es el rasgo distintivo de este gobierno frente a otros?Ese rasgo puede ser más evidente en este gobierno. El país vivía un momento clave por tener el primer gobierno de izquierda y mucha gente llegó con la convicción de hacer lo que fuera para demostrar que su proyecto político debía mantenerse.Personas cercanas al Pacto Histórico y autocríticas del gobierno reconocen que el Presidente no fue suficientemente claro y firme en rechazar prácticas que criticó durante la campaña, pero que utilizó al llegar al poder como el clientelismo, el tráfico de influencias y los abusos de poder.Para finalizar, veamos de nuevo el bosque. ¿Colombia está mejor o peor que otros países latinoamericanos en materia de corrupción?Hay que cerrar diciendo algo que señala el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian: la corrupción no es inevitable. Todo lo que hemos hablado no quiere decir que estemos condenados, que esté en nuestro ADN o que no haya nada por hacer. Según el índice de percepción de la corrupción, Colombia no está tan mal como otros países. Está por encima de Brasil, Argentina y Perú, y muy lejos de Chile y Costa Rica. En 2012, Colombia tenía 36 puntos sobre 100 y en la última medición sigue en 37. Países de Asia, África, Europa y América Latina han subido en la lista en el mismo periodo, lo que muestra que las cosas sí pueden mejorar.Ante la compleja maraña de la corrupción que hemos descrito, ¿cuáles son las dos o tres medidas prioritarias que habría que emprender?mprender?Primero, el liderazgo. La forma como actúan nuestros líderes políticos es fundamental. Tenemos que transformar como sociedad el mensaje de que la corrupción paga. Los cambios de gobierno ofrecen esa posibilidad. Ojalá ahora recuperemos ese liderazgo.Segundo, una estrategia: visión, metas y convocatoria. El gobierno Petro dejó mediante un decreto una estrategia de lucha contra la corrupción que tiene elementos interesantes, pero no trae esas metas y no terminó de convocar a la sociedad.En tercer lugar está la justicia. En Colombia hay fiscales y jueces que hacen un trabajo muy valioso. Luchar contra esas estructuras es complicado, pero necesitamos más resultados y que los casos complejos tengan equipos y capacidades para avanzar con mayor agilidad. No se trata solo de poner a los responsables en la cárcel, sino de recuperar recursos, reparar a las víctimas y disuadir para que las cosas no sigan igual. Esas tres cosas han funcionado en otros lugares del mundo y deberían funcionar también en Colombia.MAURICIO REINAEspecial para EL TIEMPOTambién puede leer: Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.














