Las pertenencias de Juana Santiago Chel, una mujer de la tercera edad, quedaron sobre la calle por una orden judicial promovida por uno de sus hijos. Horas después, la indignación que provocaron las imágenes del desalojo recorrió Nebaj, Quiché, hasta convertirse en una protesta que terminó con la vivienda de la jueza que autorizó la diligencia reducida por las llamas, en un caso que abrió un intenso debate sobre los límites entre el cumplimiento de la ley, el uso de la fuerza y el trato hacia las personas más vulnerables.
La diligencia se ejecutó el 30 de julio en la comunidad Xecoxol, Nebaj, Quiché, luego de un proceso judicial impulsado por uno de los hijos de la adulta mayor. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) toman de los brazos a la mujer para retirarla del inmueble, imágenes que generaron una ola de críticas y la reacción de cientos de vecinos.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el caso y coincidieron en que trasciende el cumplimiento de una resolución judicial. El debate se centró en la proporcionalidad del operativo, el componente humano durante la diligencia, la obligación de la Policía de acatar una orden judicial y la necesidad de establecer si los protocolos institucionales fueron aplicados correctamente.
