El Gobierno aún no tiene prevista una fecha para la aprobación del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, un compromiso que el propio Ejecutivo adoptó en 2021 dada la necesidad de "garantizar la seguridad y el bienestar" de la población de ambas ciudades autónomas "por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera". En los últimos días, miles de migrantes han cruzado la frontera y llegado a la ciudad autónoma de Ceuta, en un episodio cuyo precedente más próximo tuvo lugar en mayo de 2021, meses antes de que el Gobierno planteara la necesidad de elaborar un plan específico para afrontar este fenómeno. El jueves por la tarde, atendiendo a las reclamaciones de la ciudad autónoma, el Ejecutivo decidió enviar a las Fuerzas Armadas para el refuerzo de la seguridad. La estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de hace cinco años planteó entre sus líneas de acción elaborar un plan concreto para ambas ciudades autónomas, un asunto que vuelve ahora a la palestra dada la crisis . El documento incidía en que "la ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra las redes de migración irregular y trata de seres humanos deben ser elementos de permanente atención por parte de las Administraciones Públicas". Asimismo, la estrategia aprobada por el Gobierno subrayó que "la vigilancia y el control de las fronteras es un elemento fundamental en este ámbito". Ya en 2021, el Ejecutivo anticipaba que factores como "el cambio climático" podían llevar a "agravar" las "situaciones de migraciones masivas". Es más, el documento que se publicó en el BOE hace cinco años destacaba que la "posición geoestratégica" de España expone al país "especialmente" frente al "desafío que supone el esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos años". Esa exposición es aún mayor en el caso de las dos ciudades autónomas. Por tanto, el Ejecutivo reconocía en 2021 que el Estado debe prestar "especial atención" a la situación de Ceuta y Melilla para "garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos".Esta "especial atención" que requieren las dos ciudades autónomas que hacen frontera con África se debía concretar en un "plan integral" que, sin embargo, permanece pendiente de elaboración cinco años después. El Gobierno envía a las Fuerzas Armadas a CeutaAl margen de la inexistencia de un plan específico para afrontar llegadas masivas de migrantes como la que vive Ceuta en las últimas jornadas, la ciudad autónoma apeló este jueves a la normativa de seguridad nacional para reclamar al Gobierno el cierre de la frontera con Marruecos y el despliegue del Ejército. El Ejecutivo anunció, ya por la tarde, la movilización de las Fuerzas Armadas para reforzar la "seguridad" en la ciudad de Ceuta. Asimismo, Interior mantiene desplegados a 80 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y prevé la incorporación de otros 40 efectivos. También ha reforzado la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta y mantiene en el terreno dos grupos de buceadores, embarcaciones del Servicio Marítimo y planea reforzar el servicio aéreo con un helicóptero. Por otro lado, se pretende alcanzar en los próximos días una dotación de 200 efectivos de la UIP y la UPR de la Policía Nacional. Este despliegue se ha llevado a cabo sin necesidad de hacer uso de la ley de Seguridad Nacional a la que aludieron el jueves tanto Ceuta como el Partido Popular. Esta norma prevé el modo de operar cuando se produce una "situación de interés para la seguridad nacional": "aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia, y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes". De acuerdo con la ley, compete al presidente del Gobierno declarar esta situación por medio del real decreto. Desde que en 2015 se aprobó la ley, esta situación nunca se ha declarado. No existen precedentes del uso del mecanismo que Ceuta y el PP reclaman ahora al Ejecutivo central. En cualquier caso, la norma maneja unos términos amplios. Expone que la situación de interés para la seguridad nacional "se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos". La ley prevé, más que medidas concretas como la posibilidad de desplegar al Ejército o el cierre de fronteras, mecanismos de coordinación entre distintas administraciones. Asimismo, atribuye determinadas funciones al Consejo de Seguridad Nacional, como la "dirección y coordinación de la gestión" de la situación y el asesoramiento al presidente del Gobierno "cuando la situación requiera la aplicación de medidas excepcionales".