La 'ventaja táctica' de EE. UU. en el Caribe, bajo la lupa de WOLA por presuntas ejecuciones extrajudiciales: las dudas que deja la campaña militar

NoticiaEl Comando Sur hizo de las aguas frente a Venezuela el eje de sus operaciones. Un informe analiza 63 ataques y cuestiona su legalidad y eficacia.El ataque en el Caribe ocurrió en la mañana de este martes. Foto: Montaje a partir de captura Truth Social y AFPCORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN CARACAS30.07.2026 22:24 Actualizado: 30.07.2026 22:24

Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) puso bajo escrutinio la estrategia marítima de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental al denunciar que operaciones militares dirigidas contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico dejaron al menos 221 personas muertas desde septiembre de 2025 y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. LEA TAMBIÉN La investigación, elaborada por los analistas Adam Isacson y John Walsh, documenta 63 ataques contra lanchas ocurridos durante 11 meses de operaciones y sostiene que la campaña estadounidense genera varias dudas con respecto a su legalidad, tanto a la luz del derecho internacional como de la legislación de Estados Unidos.El informe también cuestiona la efectividad de la estrategia para reducir el tráfico de drogas y pide investigaciones independientes sobre las acciones militares.Las conclusiones de WOLA coinciden con una etapa en la que el Comando Sur de Estados Unidos ha intensificado su discurso sobre el Caribe y, en particular, sobre las aguas cercanas a Venezuela como un escenario crucial para las operaciones contra el crimen organizado transnacional.El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, en Venezuela. Foto: X: @SouthcomEl pasado 25 de julio, el Comando Sur destacó la capacidad de las fuerzas navales estadounidenses desplegadas en el Caribe para alternar entre misiones de asistencia humanitaria y operaciones militares. En una publicación en la red social X, señaló que el buque anfibio USS San Antonio (LPD-17) y la Fuerza de Combate Litoral-24 representan las capacidades logísticas conjuntas de la Armada y el Cuerpo de Marines mientras patrullan la región.Según el mensaje, esa fuerza proporciona una “ventaja táctica vital” porque puede pasar rápidamente de apoyar operaciones de respuesta a desastres en Venezuela a respaldar misiones dirigidas a interrumpir las actividades de cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales en el hemisferio occidental. La publicación resumió esa capacidad con la frase: “Versátil. Integrado. Letal”. LEA TAMBIÉN El pronunciamiento llegó después de la participación de unidades estadounidenses en labores de apoyo tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, una emergencia que obligó a redirigir temporalmente parte de los recursos militares destinados a la vigilancia marítima.Sin embargo, el informe de WOLA sostiene que detrás de esa estrategia existe una campaña de ataques letales que tiene un alto costo humano y cuya base jurídica sigue siendo motivo de debate, más allá de que las operaciones se hayan pausado.Las operaciones se mantuvieron incluso después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, presentada por Washington como otro golpe contra el narcotráfico. Las acusaciones sobre las operaciones marítimas Las operaciones comenzaron en septiembre de 2025 en el corredor marítimo entre el estado venezolano de Sucre y Trinidad y Tobago. Estados Unidos justificó esas acciones como parte de los esfuerzos para combatir organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas.No obstante, WOLA afirma que muchas de las embarcaciones atacadas transportaban personas cuya participación en actividades ilícitas no había sido determinada previamente y que entre las víctimas había pescadores artesanales, migrantes, víctimas de trata y personas reclutadas por redes criminales de bajo nivel.Ataque a narcolancha por parte de Estados Unidos en el Caribe el 21 de junio. Foto: Redes socialesLa organización sostiene que las operaciones se realizaron sin procesos judiciales ni intentos previos de captura y que, en numerosos casos, las fuerzas estadounidenses no prestaron asistencia a los sobrevivientes después de destruir las embarcaciones, pese a que el derecho marítimo internacional establece la obligación de auxiliar a las personas en peligro en el mar.Uno de los principales cuestionamientos del informe se refiere al sustento jurídico de la campaña. Según WOLA, las operaciones se apoyan en un memorando confidencial del Departamento de Justicia, fechado el 5 de septiembre de 2025, que amplía la interpretación del concepto de “conflicto armado” para permitir el uso de fuerza letal contra presuntos integrantes de organizaciones criminales sin necesidad de autorización específica del Congreso estadounidense.A juicio de los autores, esa interpretación convierte en objetivos militares a los ocupantes de las embarcaciones sin que exista una presunción de inocencia ni una evaluación individual de su responsabilidad, lo que, sostienen, podría constituir homicidios bajo la legislación estadounidense y ejecuciones extrajudiciales de acuerdo con el derecho internacional. LEA TAMBIÉN Efectividad bajo cuestionamiento y llamado a investigar El informe también pone en duda la eficacia de la estrategia. WOLA concluye que, lejos de reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, la campaña obligó a las organizaciones criminales a modificar sus rutas y métodos de transporte.“Los ataques a embarcaciones han matado a cientos de personas sin debido proceso, han dañado la democracia estadounidense, han puesto a las fuerzas armadas de EE. UU. en una situación terrible y ni siquiera han logrado reducir el tráfico de drogas”, afirmó Isacson.Según el análisis, los grupos dedicados al narcotráfico comenzaron a utilizar con mayor frecuencia semisumergibles, rutas más alejadas de la costa y trayectos por el Atlántico Sur, un fenómeno conocido como el “efecto globo”, en el que la presión sobre una ruta provoca el desplazamiento de las actividades ilícitas hacia otras zonas.El presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre de la Otán. Foto:AFPPara WOLA, la prioridad ahora debe ser revisar la legalidad de la campaña y establecer mecanismos de rendición de cuentas. La organización pidió al Congreso de Estados Unidos investigar las operaciones, hacer públicos los fundamentos jurídicos que las respaldan y garantizar que las acciones contra el crimen organizado respeten las obligaciones del derecho internacional y los derechos humanos.El contraste refleja el debate que plantea el informe. Mientras el Comando Sur presenta su presencia en el Caribe como una “ventaja táctica” que permite alternar entre misiones humanitarias y operaciones contra el crimen, WOLA sostiene que esa misma estrategia debe ser sometida a un mayor escrutinio.ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - Corresponsal de EL TIEMPO - Caracas Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.