En los últimos dos años, en Ecuador aumentaron los procesos de extradición activa y pasiva de personas invenstigadas o sentenciadas por la justicia en el país o requeridas por otros Estados. A la vez, más de 100 expedientes de extradición se encuentran en trámite en la Corte Nacional de Justicia (CNJ); mientras que en las próximas semanas, Ecuador podría contar con una nueva ley de extradición que se aprobó en la Asamblea Nacional. La extradición pasiva refiere al proceso en el que un Estado requiere a Ecuador a un determinado procesado o sentenciado; mientras que la extradición activa ocurre cuando Ecuador es el país que solicita a otro país la entrega de esta persona. Según datos de la Corte Nacional, desde abril de 2024 hasta febrero de este 2026 se ejecutaron 59 extradiciones, entre activas y pasivas.PublicidadEn 2024 hubo 29 extradiciones, de las cuales 24 fueron activas, 5 pasivas; mientras que en 2025 se generaron 26 extradiciones: 18 activas y 8 pasivas. En el referéndum de abril de 2024, la ciudadanía aprobó, con el 64,34 %, una reforma constitucional que habilita la extradición de ecuatorianos conforme las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos previstos en la Constitución, que habilitó la elaboración de una nueva Ley de Extradición que ya fue aprobada en el pleno del Parlamento el pasado 7 de julio de 2026 con 139 votos.Una de las extradiciones con mayor connotación fue la de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, el 20 de julio de 2025 hacia Estados Unidos, país donde tiene siete cargos federales, incluyendo tráfico de drogas y armas. Fito se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado a otra nación, tras el referéndum de 2024. PublicidadPublicidadEn tanto, hasta febrero de este 2026 hubo 4 extradiciones, de las cuales 3 fueron activas y 1 pasiva. Posterior a este mes, se activaron otros trámites de extradición como el de Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) del gobierno de Guillermo Lasso y procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro. En abril, la Corte Suprema de Argentina dio paso a su extradición hacia Ecuador, pero el proceso se encuentra pendiente. El 18 de junio se concretó la extradición de Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, y Celso Moreira, alias Patucho Celso, cabecillas de Los Choneros, considerados como objetivos de alto valor hacia Estados Unidos. Ellos permanecían en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, y ahora enfrentan a la justicia estadounidense. También está pendiente la extradición de Galo Javier Suárez Román, alias Gato Negro, segundo al mando de Los Tiguerones, quien fue detenido en Barranquilla, Colombia, y trasladado a Ecuador el 3 de julio. Él también mantiene cargos en EE. UU. A este trámite se suma el de William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, cabecilla de Los Tiguerones, quien espera ser extraditado a Ecuador desde España, mientras Cancillería realiza las diligencias respectivas. También está en curso la extradición de Karla Saud, lobista de Progen e investigada por peculado en el caso Apagón. Ella fue detenida el 9 de julio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España. Un día después, la Corte Nacional de Justicia inició el proceso de extradición activa. El 14 de julio, en cambio, la CNJ informó al juez nacional Manuel Cabrera, del caso Metástasis, que solicitó formalmente a Venezuela y a Estados Unidos de América que concedan la extradición de los ciudadanos ecuatorianos Xavier Jordán y el exlegislador de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, también procesados en el caso Magnicidio FV. PublicidadPaíses con mayor recurrencia en extradicionesDe acuerdo con la información de la CNJ, en 2024 se registraron 11 extradiciones activas desde Colombia, 6 de Perú, 2 de Chile, 2 desde Estados Unidos y 1 de Costa Rica, Italia y Argentina. En pasivas hubo 2 extradiciones hacia Lituania y una para Argentina, Colombia y la República Popular China. En 2025, en cambio, hubo 7 extradiciones desde Colombia, 4 de Perú, y 1 de Brasil, Chile, Alemania, Italia, España, Panamá y Estados Unidos; en tanto que hacia Estados Unidos hubo tres extradiciones pasivas y 1 solicitada por Argentina, Corea, Rusia, Perú y Polonia, por cada país. En este 2026, en cambio, la CNJ registra una extradición activa emitida a Perú, Chile y Panamá; y 1 extradición pasiva con República Checa. Colombia es el país al que más procesos de extradición activa y pasiva se han realizado desde 2024, con 23 trámites. La información de la CNJ detalla los delitos más recurrentes que han motivado los trámites de extradición, en este periodo de tiempo:violación: 28 casos asesinato: 16 casos delincuencia organizada: 12 casos homicidio: 10 casos posesión y tráfico ilegal de sustancias estupefacientes o psicotrópicas: 9 casos estafa: 8 casos femicidio: 8 casos lavado de activos: 7 casos abuso sexual: 6 casos peculado: 5 casos robo: 5 casos cohecho: 3 casos fraude: 3 casos robo con muerte: 3 casos falsificación y uso de documento falso: 2 casosmuerte en accidente de tránsito: 2 casos tráfico de migrantes: 2 casos agresión sexual a menor, abuso de confianza, asesinato y robo con violencia en casa habitada, asociación ilícita para la distribución de drogas, captación ilegal de dinero, comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, defraudación informática, delito culposo de tránsito con muerte, explotación sexual de personas, extorsión, falsedad de información, hurto, tentativa de homicidio, terrorismo: 1 caso Mientras tanto, hasta febrero de 2026, la Corte Nacional de Justicia registraba unos 167 expedientes de extradición activa y pasiva que se encuentran en trámite.Nueva ley de extradición La normativa aprobada el 7 de julio pasado actualiza la norma vigente desde el 2000 e incorpora definiciones modernas, define con claridad la autoridad central encargada del trámite, suspende la prescripción de la medida cautelar de prisión preventiva mientras se tramita la extradición, y establece un rol superior al Ejecutivo para dar respuestas a pedidos de extradición. Con esta ley, en Ecuador la autoridad central en materia de extradiciones será el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien luego de la audiencia correspondiente podrá negar o conceder la extradición y al mismo tiempo definir si procede o no la entrega al Estado requiriente.Pero la sentencia del presidente de la Corte que declare procedente o no la extradición no será vinculante para el presidente de la República, quien incluso podrá negar la entrega de la persona requerida en ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o por razones de seguridad, orden público y otros intereses esenciales del Estado.El proyecto también determina que el tiempo que una persona permanezca detenida en el extranjero mientras se tramita su extradición no se tomará en cuenta para calcular el plazo máximo de la prisión preventiva en Ecuador.Rosa Torres, proponente de esta norma y presidenta de la Comisión de Justicia que tramitó el proyecto, destaca que la iniciativa está a la altura de los desafíos que vive el país.“Hemos establecido tiempos, plazos, hemos disminuido los tiempos también para los procesos de extradición. Antes se contemplaban 2 años, ahora contemplan 45 días. También limitamos la facultad al Ejecutivo, a través del presidente de la República que tendrá que emitir un informe motivado, técnico y jurídico para los procesos de extradición en los que manifestará cuándo concede, por qué concede; y cuándo no o no está de acuerdo con un trámite de extradición, también tendrá que manifestarlo y motivarlo”, explica la legisladora. Torres repasa que la vigente Ley de Extradición daba una libre discrecionalidad al Ejecutivo para que pueda pronunciarse sobre los procesos de extradición sin emitir una justificación. La asambleísta repasa también que en la nueva normativa se garantiza y delimita la intervención de varias instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Cancillería como órgano que funciona como el canal diplomático entre los dos países en un trámite de extradición, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Interpol que emite las difusiones para poder aprehender a los procesados o sentenciados.Sobre los procesos de extradición que están en curso, Rosa Torres aclara que estos seguirán rigiéndose por la Ley de Extradición del 2000, hasta que la nueva normativa entre en vigor, una vez que sea publicada en el Registro Oficial. Para esto, la ley espera la sanción o veto del presidente Daniel Noboa. (I)