Un Gran Jurado del sur de Florida tiene previsto iniciar este jueves una ronda de audiencias confidenciales por movimientos financieros relacionados con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus socios comerciales. Los primeros testigos fueron convocados para las 9, hora del este de Estados Unidos, en el tribunal federal Wilkie D. Ferguson Jr. La orden fue emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y del Departamento de Justicia. El número y la identidad de los citados no fueron informados. La subpoena exige entregar todos los registros vinculados con TourProdEnter LLC y las comunicaciones mantenidas con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. "Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni", establece la citación. El fiscal federal Michael Berger y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, intentan establecer si las operaciones examinadas pueden encuadrarse como lavado de activos o fraude bancario. Las deliberaciones se realizarán a puertas cerradas. TourProdEnter y la ruta de los fondos La investigación reportada está centrada en TourProdEnter, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y su esposa, Erica Gillette. Desde 2021, la compañía habría recaudado y administrado cerca de US$300 millones provenientes de contratos por partidos amistosos y acuerdos comerciales relacionados con la Selección argentina. Entre las empresas mencionadas en esos negocios aparecen Adidas y Warner. Los fiscales buscan precisar cuánto dinero ingresó, cómo fue distribuido y quiénes fueron sus destinatarios.
Un Gran Jurado de EE.UU. exigiría comunicaciones de Tapia, Toviggino y Faroni por operaciones de US$300 millones
La citación reclama documentación sobre TourProdEnter, la empresa que administra negocios vinculados con la Selección argentina, y menciona también a Diego Lucero. Las autoridades federales buscan determinar si existieron maniobras de lavado de activos o fraude bancario.










