La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la dimisión del actual mandatario, Rodrigo Paz.La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exlíder, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Protestas contra gobierno de Rodrigo PazDurante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como "única demanda".Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.Evo rechaza acusaciones contra la presidenciaTras la nueva orden, Morales respondió en la red social X, aprovechando para señalar que se busca "ocultar el verdadero drama que vive Bolivia"."Una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".Tachó a sus acusaciones de persecución política utilizada para "desviar la atención" del gobierno de Paz."No nos van a intimidar.
