Análisis Exclusivo suscriptores Las iniciativas presentadas por el alcalde Carlos Fernando Galán a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, buscan frenar delitos graves en la ciudad.Carlos Fernando Galán presentó las cinco propuestas durante un encuentro con la fiscal general y representantes de las altas cortes. Foto: Archivo particularSUBEDITORA DE BOGOTÁ 29.07.2026 15:27 Actualizado: 29.07.2026 15:27
El debate sobre la seguridad en Bogotá empezó a trasladarse de las calles a los estrados judiciales. Después de insistir durante meses en que el fortalecimiento de la Policía y el aumento de las capturas no son suficientes para contener la delincuencia, la administración distrital puso ahora el foco sobre el funcionamiento del sistema de justicia.Con esa premisa, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, un paquete de cinco propuestas con las que busca reducir la impunidad, acelerar la judicialización y fortalecer la capacidad del Estado para sancionar a quienes cometen delitos.La apuesta, según explicó el mandatario, fue construida junto con expertos penalistas y académicos y pretende abrir una discusión nacional sobre los cambios que requiere el sistema para responder con mayor eficacia frente al crimen.El encuentro reunió también a varios de los principales representantes de la Rama Judicial, entre ellos Carlos Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Jorge Vallejo, y los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y José Fernando Reyes, además de reconocidos especialistas en derecho penal.Luz Adriana Camargo candidata a fiscal general de la nacion. Foto:Sergio Acero / El TiempoLas propuestasLa primera propuesta busca acelerar los procesos contra las personas capturadas en flagrancia. El Distrito plantea reducir el tiempo que transcurre entre la captura y la sentencia para evitar que los procedimientos se prolonguen innecesariamente y aumentar la probabilidad de una sanción efectiva.La segunda iniciativa pretende fortalecer las herramientas con las que cuentan jueces y fiscales para valorar el historial delictivo de un capturado al momento de decidir medidas de aseguramiento. La idea es mejorar los sistemas de información para que antecedentes de capturas e imputaciones puedan ser consultados de manera más eficiente durante las decisiones judiciales.Un tercer frente apunta a eliminar las barreras administrativas que hoy dificultan el acceso de la Policía a las cámaras privadas de vigilancia. Para la Alcaldía, reducir esos tiempos permitiría reaccionar con mayor rapidez frente a la comisión de un delito y fortalecer la recolección de pruebas durante las primeras horas de la investigación.La cuarta propuesta busca reforzar el delito de concierto para delinquir para que los cabecillas de organizaciones criminales respondan no solamente por dirigir esas estructuras, sino también por los delitos cometidos por los integrantes bajo su liderazgo.Finalmente, el Distrito propone incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los trámites relacionados con las órdenes de captura y las audiencias de legalización. Según la administración, esto permitiría reducir el tiempo que los uniformados permanecen custodiando a los capturados mientras avanzan los procedimientos judiciales, devolviéndolos con mayor rapidez a las labores de vigilancia en las calles.Al término de la reunión, Galán aseguró que la fiscal general manifestó su disposición para participar en mesas de trabajo sobre estas iniciativas y ampliar el debate alrededor de los temas planteados. El mandatario también informó que sostuvo una conversación con el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien expresó interés en trabajar sobre estas propuestas una vez asuma oficialmente el cargo.Aunque el planteamiento del Distrito parte de un diagnóstico compartido por buena parte de los analistas —la impunidad sigue siendo uno de los principales factores que alimentan la percepción de inseguridad—, los expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que las cinco iniciativas, por sí solas, difícilmente resolverán las fallas estructurales del sistema penal colombiano.¿Qué dicen los expertos?Para José Orlando Carrillo, experto en seguridad, las propuestas representan un avance porque atacan algunos de los cuellos de botella que hoy enfrenta la judicialización, especialmente en los casos de flagrancia. Sin embargo, considera que el verdadero problema está en la legislación vigente.Carrillo explica que desde el momento de la captura los policías deben cumplir numerosos procedimientos administrativos y judiciales antes de presentar al detenido ante un juez, lo que consume buena parte de las 36 horas previstas por la ley para surtir ese trámite.“Efectivamente, esto permitiría avanzar y hacer más eficiente todo el protocolo y el procedimiento, especialmente cuando hay capturas en flagrancia, donde se pierde mucho tiempo en todos los trámites que debe cumplir el policía antes de poner al ciudadano frente al juez. Pero el procedimiento debe ir mucho más allá. Deberíamos solicitarle al Congreso una reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para endurecer las penas, simplificar los procesos y hacer mucho más eficiente la administración de justicia en todo el territorio colombiano”.Su planteamiento pone sobre la mesa un aspecto que va más allá de las competencias de la Fiscalía. Aunque reconoce que agilizar procedimientos puede mejorar la respuesta institucional, sostiene que los verdaderos cambios dependen de reformas legislativas que permitan modernizar el proceso penal colombiano y reducir la complejidad de los trámites que hoy enfrentan fiscales, policías y jueces.Una visión distinta plantea Omar Orostegui, director del Laboratorio de Gobierno (GovLab) de la Universidad de La Sabana, quien considera que las propuestas pueden fortalecer algunos procesos de judicialización, pero advierte que la inseguridad no puede atribuirse únicamente al funcionamiento de la Fiscalía.El analista sostiene que el paquete presentado por el Distrito puede dar la impresión de que la solución depende exclusivamente del ente investigador, cuando en realidad intervienen otros factores igualmente determinantes dentro del sistema penal.“A juzgar por las medidas, parecería que la inseguridad en Bogotá, según la administración, es responsabilidad de la gestión de la Fiscalía. Esas medidas pueden ayudar a mejorar el proceso de judicialización, pero no resuelven el problema de la reincidencia, la calidad de la recolección de pruebas policiales ni la ejecución de las sentencias por parte de los jueces. En muchos casos los delincuentes recuperan la libertad porque la mayoría de esos delitos son menores y excarcelables, como sucede con el hurto de celulares”.Su análisis plantea que el problema no termina cuando una persona es capturada o judicializada. La eficacia del sistema depende también de la calidad de las investigaciones, de las pruebas que logren recaudar los investigadores y del marco legal que determina cuáles delitos permiten medidas privativas de la libertad y cuáles continúan siendo excarcelables.Para el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero, la mayoría de las propuestas son técnicamente viables y podrían desarrollarse mediante un trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Fiscalía y la Policía. No obstante, advierte que cualquier reforma resultará insuficiente si no viene acompañada de un fortalecimiento presupuestal de las entidades encargadas de investigar el delito.El exfuncionario considera que el principal cuello de botella está en la capacidad operativa de la Fiscalía y de la Policía Judicial para adelantar investigaciones complejas y responder con mayor rapidez frente al crecimiento de las organizaciones criminales.“Cuatro de las cinco propuestas son viables mediante un trabajo conjunto con la Fiscalía. Sin embargo, esa entidad requiere una mayor asignación presupuestal para aumentar el número de fiscales dedicados a la investigación criminal y adquirir equipos y tecnología de última generación. La Policía también necesita incrementar el número de investigadores judiciales y fortalecerlos con equipos de criminalística. Además, los investigadores judiciales ya pueden acceder a las imágenes recopiladas por las empresas de vigilancia privada, por lo que esa articulación puede fortalecerse mediante un trabajo conjunto”.Acero también llama la atención sobre uno de los puntos planteados por el Distrito relacionado con el acceso a cámaras privadas. A su juicio, la legislación ya permite que los investigadores judiciales obtengan ese material probatorio, por lo que el reto estaría menos en modificar la norma y más en fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades y las empresas de vigilancia privada.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.com Lea también: Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
