NoticiaLas recientes tensiones tienen origen en un operativo en que el incineraron maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal en este corregimientoPara el Ejército la intervención hace parte de las acciones contra la minería ilegal, pero para los habitantes el procedimiento representa un golpe directo contra la economía de las familias. Foto: Ejército Nacional/Redes sociales29.07.2026 14:01 Actualizado: 29.07.2026 14:01
La tensión que desde hace varios años rodea la actividad minera en Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco (Atlántico), escaló durante las últimas horas hasta convertirse en una situación de orden público que mantiene bloqueados puntos estratégicos de la vía La Cordialidad, luego de un operativo de las autoridades que terminó con la destrucción de maquinaria empleada en labores de extracción de piedra caliza. LEA TAMBIÉN Aunque para el Ejército la intervención hizo parte de las acciones contra la minería ilegal, para numerosos habitantes de la zona el procedimiento representa un golpe directo contra una actividad económica de la que dependen decenas de familias y que, según sostienen, lleva años intentando avanzar hacia procesos de formalización.La protesta tuvo una nueva escalada este miércoles en la mañana cuando los manifestantes utilizaron tierra, piedra caliza y material residual de las canteras para impedir el paso vehicular, exigiendo la presencia de representantes del Gobierno nacional y de las autoridades mineras para discutir lo sucedido.Un conflicto largo detrás bloqueoDetrás de las protestas existe una problemática que líderes comunitarios aseguran viene acumulando tensiones desde hace años.La maquinaria fue incinerada. Foto:Ejército NacionalHumberto Currea, líder social del municipio, afirmó que el malestar de la comunidad no obedece únicamente a la destrucción de las máquinas, sino también a lo que considera una pérdida progresiva de oportunidades para los habitantes locales frente a la explotación minera desarrollada en el territorio.Según explicó, en Arroyo de Piedra existe inconformidad por la presencia de grandes compañías en la zona y por las limitaciones que enfrentan pequeños mineros para participar de la actividad económica."Argos ha venido apropiándose de los predios, comprándolos a pequeños artesanos y dejando sin explotación minera a muchas familias de Arroyo de Piedra", sostuvo ante el medio Extra Noticias.De acuerdo con Currea, la situación se agravó tras el operativo que terminó con la incineración de cinco máquinas amarillas pertenecientes, según indicó, a un habitante reconocido de la población que generaba empleo para residentes del corregimiento."Eso reduce el empleo en esa área y fue lo que terminó exacerbando los ánimos de la comunidad", señaló Currea, quien además cuestionó la ausencia de mayores inversiones sociales en el territorio pese a la actividad minera que históricamente se ha desarrollado en el sector.El alcalde cuestiona el operativoUno de los elementos que más ha llamado la atención dentro de la controversia fue el contundente pronunciamiento del alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, quien aseguró que la administración municipal no tuvo conocimiento previo del procedimiento.El alcalde aseguró que la administración municipal no tuvo conocimiento previo del procedimiento. Foto:Tomada de X: @alfredovareladEl mandatario afirmó que, tras consultar con distintas dependencias del municipio y con autoridades locales y departamentales, no encontró registros ni notificaciones relacionadas con la operación. "No sabemos ni fuimos notificados del procedimiento", manifestó.Incluso sostuvo que, según las averiguaciones realizadas por la Alcaldía, ni la administración municipal, ni la estación de Policía de Luruaco, ni funcionarios del orden departamental tendrían información sobre el origen de la diligencia.El alcalde aseguró que la intervención habría derivado en los bloqueos que actualmente afectan la movilidad sobre La Cordialidad y expresó preocupación por las posibles repercusiones sobre el orden público."No estamos en contra de que la ley haga su procedimiento, pero sí estamos en contra de que las cosas se hagan desde Bogotá sin tener en cuenta los efectos que esto trae para las comunidades y para la administración del municipio de Luruaco", expresó.El debate sobre la formalización mineraLa posición de la Alcaldía coincide con uno de los principales reclamos de los habitantes: la posibilidad de acceder a mecanismos de formalización minera.Los bloqueos se han hecho con pilas de arena sobre la carretera. Foto:Redes socialesHanna aseguró que muchas de las personas afectadas son residentes del corregimiento que han construido sus emprendimientos alrededor de la explotación de materiales de cantera y que encuentran dificultades para competir con empresas que poseen títulos mineros otorgados por el Estado."Estamos en favor de la ley, pero también estamos en favor de que a la gente del corregimiento de Arroyo de Piedra se le dé la oportunidad de ejercer una empresa, de iniciar una empresa y de crecer como empresa", manifestó el mandatario.Además, sostuvo que la destrucción de la maquinaria dejó sin ingresos a más de 40 familias que dependían directamente de estas actividades económicas.En ese sentido, cuestionó que los equipos hubiesen sido incinerados en lugar de ser puestos bajo custodia mientras sus propietarios ejercían mecanismos de defensa dentro de un eventual proceso judicial.La postura de las autoridadesLa visión de las autoridades es distinta. El Ejército ha señalado que la maquinaria destruida era utilizada para actividades de minería ilegal y que el operativo permitió afectar economías ilícitas ligadas a esta actividad. La institución informó además que los equipos intervenidos tendrían un valor aproximado de $2.000 millones.Imágenes del operativo reciente donde se incineró la maquinaria. Foto:Ejército NacionalEl caso ocurre además en una zona donde ya existen antecedentes recientes de acciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros. En diciembre de 2024, tropas del Ejército y unidades de Policía capturaron a cuatro personas e incautaron maquinaria pesada en jurisdicción de Luruaco por presuntas actividades de extracción ilegal.Mientras continúa el bloqueo y persisten las afectaciones viales entre Atlántico y Bolívar, la situación deja al descubierto una discusión mucho más profunda que el cierre de una carretera. LEA TAMBIÉN Este choque entre los controles estatales contra la minería ilegal, las aspiraciones de formalización de los pequeños mineros y la participación de grandes actores empresariales pone a sufrir un territorio cuya economía ha estado ligada durante décadas a la explotación de materiales pétreos.También te podría interesar:#ElTiempo #NoticiasColombia #ÚltimaHora Foto:EL TIEMPO Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
