La rotura de los sellos de clausura colocados por una autoridad competente puede generar consecuencias tanto en el ámbito administrativo como en el penal.En el caso de los juegos mecánicos instalados en terrenos aledaños al parque Samanes, en la avenida Paseo del Parque, en el norte de Guayaquil, donde el Municipio aseguró que los sellos fueron vulnerados y las atracciones continuaron funcionando, los responsables podrían enfrentar nuevas multas, otra clausura e incluso penas privativas de libertad, dependiendo del desarrollo de la investigación.El abogado penalista Kléber Siguencia Suárez explicó que, desde el punto de vista administrativo, la entidad que impuso la clausura (el Municipio de Guayaquil) puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador, colocar nuevamente los sellos y aplicar una multa conforme a la normativa interna vigente.PublicidadEn el ámbito penal, indicó que la conducta puede configurar dos infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La primera corresponde al artículo 282, que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente.Esta disposición establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para quien desobedezca órdenes o prohibiciones emitidas legalmente por una autoridad dentro del ejercicio de sus funciones.La segunda figura se encuentra en el artículo 284 del COIP, que sanciona específicamente la rotura o el retiro de los sellos colocados por una autoridad para hacer cumplir una medida.PublicidadPublicidadEn este caso, la norma también contempla una pena de uno a tres años de prisión para quien rompa o retire esos sellos con el propósito de incumplir la disposición impuesta.Reparación integral a las víctimas y responsabilidades penalesSiguencia señaló que ambas conductas pueden dar lugar no solo a una sanción de prisión, sino también al pago de multas y de una reparación integral para las víctimas, siempre que se determine la responsabilidad de los involucrados.Respecto de las penas, precisó que la duración dependerá del análisis que realice la autoridad judicial. Explicó que, si se determina la existencia de más de una infracción, el juez podría valorar la aplicación del concurso de delitos, lo que influiría en la sanción que finalmente se imponga.El penalista aclaró que la pena por romper los sellos o incumplir la clausura es independiente de las lesiones sufridas por las personas afectadas en los incidentes registrados en el sitio. Sin embargo, señaló que la gravedad de las lesiones sí influye en el monto de la reparación integral que deberá recibir la víctima.Añadió que esa reparación considera factores como los gastos médicos, el tiempo de incapacidad para trabajar, la edad de la persona afectada, su actividad económica, sus cargas familiares y las secuelas permanentes que pueda presentar. Si existen lesiones graves o incluso una muerte, la compensación aumenta conforme a esas circunstancias.Sobre las multas derivadas del proceso penal, explicó que su cuantía será determinada por un Tribunal de Garantías Penales. Diferenció ese pago de la reparación integral, al indicar que la multa ingresa al Estado, mientras que la reparación está destinada a resarcir a las víctimas o a sus familiares.PublicidadEl abogado también sostuvo que las responsabilidades no necesariamente recaen únicamente sobre el administrador del establecimiento. Indicó que podrían responder penalmente otras personas que, conociendo que las atracciones no reunían las condiciones necesarias para operar, permitieron que continuaran en funcionamiento.Requisitos para una eventual apertura En cuanto a una eventual reapertura, manifestó que los administradores deberán regularizar todos los permisos exigidos, someter los juegos mecánicos a inspecciones técnicas realizadas por profesionales competentes y obtener la aprobación de la autoridad correspondiente antes de reanudar actividades.No obstante, advirtió que si durante la investigación la Fiscalía dispone medidas urgentes o un juez dicta medidas de protección relacionadas con el caso, las atracciones no podrán volver a funcionar mientras esas disposiciones permanezcan vigentes y hasta que desaparezcan los elementos que justifican la medida.Plazos de la investigación fiscalRespecto de los tiempos de investigación, Siguencia indicó que el COIP establece un plazo de 30 días para las investigaciones por delitos flagrantes cuando existe una persona detenida.Si no hay detenidos, la investigación previa puede extenderse entre uno y dos años, dependiendo de la infracción y del tiempo necesario para identificar a los presuntos responsables y reunir los elementos probatorios.Añadió que, si durante ese proceso la Fiscalía reúne testimonios, pericias, informes técnicos y demás evidencias suficientes para atribuir responsabilidad a una persona, podrá formular cargos y solicitar al juez la imposición de prisión preventiva, siempre que la petición esté debidamente fundamentada.El rol del Municipio de Guayaquil y la denuncia formalSobre el papel que asumirá el Municipio, el penalista explicó que, una vez presentada la denuncia, la institución actuará inicialmente como denunciante y deberá colaborar con todas las diligencias investigativas que impulse la Fiscalía.Posteriormente, por tratarse de la entidad que ordenó la clausura, podrá comparecer como acusador particular durante el proceso penal. Los familiares de las víctimas también tendrán esa posibilidad para intervenir en el juicio y solicitar la sanción correspondiente y la reparación integral.Además del proceso penal, recordó que el Municipio puede iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador desde el momento en que constató que los sellos habían sido retirados. Esa actuación comprende una nueva clausura y la imposición de una multa cuya cuantía será determinada conforme a la reglamentación municipal.Municipio presentó una denuncia por la rotura de sellos en los juegos de SamanesPor su parte, el Municipio presentó la tarde de este lunes 28 de julio una denuncia ante la Fiscalía, en la que solicita iniciar la respectiva investigación previa y, consecuentemente, disponer las diligencias que la autoridad considere pertinentes para determinar a los autores y cómplices del presunto ilícito denunciado.Dentro de la denuncia, el Municipio explicó que se evidenció que los sellos de clausura colocados durante el primer operativo fueron vulnerados, incumpliendo la medida impuesta por la autoridad competente.Asimismo, aclaró que, hasta la fecha, los representantes o propietarios de la actividad económica no han comparecido ante la Comisaría, pese a las notificaciones realizadas, lo que, según el Municipio, “evidencia una falta de acatamiento a las órdenes de la autoridad”.La segunda clausura ocurrió después de que, durante el fin de semana, se registrara otro incidente en una de las atracciones. Días antes, una mujer de 56 años salió expulsada de un juego mecánico y cayó desde una altura aproximada de 10 metros. Según sus familiares, permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos con múltiples fracturas, lesiones cervicales y hematomas cerebrales. (I)