Todos los martes y jueves se celebran audiencias testimoniales en la causa Cuadernos que no dejan de sedimentar una enorme cantidad de pruebas. En los últimos días fue el turno de algunos funcionarios de la AFIP (actual ARCA) que, entre 2018 y 2019, contestaron los oficios que envió el juez Claudio Bonadío. Con la recolección de esa prueba, ese magistrado intentó encontrar rastros del dinero que era cobrado por las empresas que mantenían relación con el Estado entre 2003 y 2015 y que figuraban como pagadoras de coimas en los cuadernos que escribió Oscar Centeno.Uno de esos testigos, el contador Alfredo Pedro Puyo, contó que en aquel momento detectó un retiro de efectivo de unos “dos millones de dólares” en efectivo. Dijo, además, que ese movimiento de fondos “llamó la atención”. Antes de terminar la declaración, recordó que eran 2,4 millones.“Investigamos a los socios del grupo Eling, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. Encontramos que había empresas a las cuales Electroingeniería mandaba fondos. Eran empresas de medios de comunicación: Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina. Esas fueron las empresas que investigamos”, dijo Puyo. Agregó que “cuando una empresa da pérdida, es raro que mantenga dos millones en efectivo durante más de un ejercicio fiscal”.No fue el único que relató aquellos movimientos sospechosos. La contadora Matilde Lanza identificó retiros en efectivo en Decavial, la empresa de Marcelino Aznar, y una diferencia contable de más de cinco millones de dólares. También recordó un movimiento puntual en Panedile, la compañía del arrepentido Hugo Alberto Dragonetti: un retiro por ventanilla realizado por el hijo del empresario, también llamado Hugo, por 315.000 dólares. La contadora dijo que esa extracción “coincidía temporalmente” con entregas de dinero acreditadas en el expediente.La tan colosal como escandalosa trama de corrupción que se configuró en aquellos años toma cada vez más cuerpo con las pruebas que se recolectan en las audiencias. Semanas atrás, el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien jamás quiso hacer una denuncia sobre el punto, declaró cuando se lo escuchó como testigo y bajo juramento de decir la verdad, que “había algunos márgenes de sobreprecios, en promedio, del orden del 20%”.Los testigos que se escuchan ahora y que entonces trabajaban en el organismo recaudador hicieron su trabajo. En ese momento, la sede central de la AFIP recibió un pedido de Bonadío con la misión de que identificaran “financiamientos espurios” de una lista de empresas mencionadas en los cuadernos y cuyos directivos eran investigados por haber pagado coimas a funcionarios kirchneristas. El oficio se derivó a las diferentes delegaciones, conforme los domicilios de las compañías. Cada responsable de área envió la documentación digital, encriptada y amparada por el secreto fiscal. Allí se detallaban varios movimientos que después fueron reconocidos, incluso, por los propios empresarios imputados.Esos empleados de la AFIP, que hicieron bien su trabajo en 2018 y 2019, sufrieron una verdadera caza de brujas pocos meses después, cuando asumió el cuarto gobierno kirchnerista, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se iniciaron sumarios no solo a ellos, sino también a muchas secretarias y empleados.Cada firma que constaba en el oficio fue perseguida por el kirchnerismo. Buscaron hasta las agendas de quienes oficiaban de secretarios para ver si había alguna reunión que pudiera acercar a la hipótesis de una “persecución política”, objetivo que se habían trazado las defensas de varios empresarios y exfuncionarios.La exfuncionaria de AFIP Jimena de la Torre, también citada a declarar, contó que cuando cambió el gobierno [en 2019] los empleados la llamaban y le decían: “Me corrieron, me están investigando”. Contó que se abrieron auditorías y sumarios “hasta a secretarias privadas en busca de las agendas para ver las reuniones”.Todas esas investigaciones y auditorías jamás encontraron nada más que un grupo de funcionarios de la AFIP que hicieron correctamente su trabajo. Años después, sentados frente a un tribunal, y bajo juramento de decir la verdad, recuerdan datos de una investigación que consta hace muchos años en el expediente.Dos veces por semana se realizan audiencias en la causa Cuadernos. Parece poco para semejante expediente que tiene cerca de 700 testigos llamados a declarar y que continúa sumando más y más pruebas que exhiben la descomunal maniobra de corrupción montada durante el gobierno kirchnerismo a la sombra de la obra pública y los negociados con el Estado.