El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Concepción en contra de la sexta vicepresidenta de la Democracia Cristiana (DC) y actual concejala de Penco, María Carolina Inostroza Verdugo, imputándole los delitos reiterados de estafa y uso malicioso de documento privado mercantil falso.Según se detalla en el documento, se solicita una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución y rendición de dos proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional (GORE) del Biobío mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).En la acción judicial, interpuesta por el abogado Georgy Schubert y que fue declarada admisible, el CDE sostiene que los hechos se remontan a 2021, cuando Inostroza -quien entonces también ejercía simultáneamente como concejala de Penco y además como funcionaria de la Municipalidad de Concepción- ofreció asesorar a la Junta de Vecinos N.º 4 de Penco para postular a fondos concursables del Gore.Para dichos efectos, Inostroza se reunió con el presidente de la junta de vecinos N°4 de Penco, René Vega Navarrete, haciéndose cargo de todo el proceso, desde la preparación de antecedentes hasta la posterior rendición de cuentas de los proyectos adjudicados. Dos proyectos financiados con recursos públicosDe acuerdo con la querella, la organización vecinal obtuvo financiamiento para dos iniciativas durante 2021: el proyecto “Seguridad Efectiva en Comunidad”, por $3 millones, destinado a la adquisición de cámaras de seguridad y la realización de capacitaciones sobre seguridad pública; y “Promoviendo la Salud Familiar desde el Barrio”, por $3,15 millones, orientado a la compra de extintores, botiquines y talleres sobre primeros auxilios y manejo de emergencias. Los recursos fueron transferidos a la junta de vecinos en enero de 2022 para ejecutar ambas iniciativas. La acción penal detalla que las presuntas irregularidades surgieron al momento de rendir los gastos de los dos convenios. Según el documento, Inostroza remitió al presidente de la junta de vecinos diversas boletas de honorarios correspondientes, supuestamente, a profesionales que habían impartido las capacitaciones, afirmando que ella ya había cancelado esos servicios con recursos propios y solicitando el reembolso mediante transferencias bancarias a su cuenta personal. Boletas adulteradas e inexistentesEn el mismo tenor, el CDE afirma que el dirigente vecinal transfirió el dinero confiando en la veracidad de los documentos enviados, cuya suma alcanza $1,45 millones “en el convencimiento que ella, efectivamente, ya había pagado a los talleristas, lo que no era efectivo, pues los fondos transferidos no tuvieron este fin, sino que fueron apropiados por la querellada”, dice la querella.Sin embargo, durante la revisión de las rendiciones, funcionarios del Gobierno Regional del Biobío detectaron inconsistencias que permitieron establecer que las boletas presentadas eran falsas o habían sido adulteradas. “La falsedad de las boletas se desprende del hecho de que: - dos de ellas existen, pero su monto se encuentra adulterado. Las otras dos, en cambio, si bien existen no fueron emitidas a nombre de la Junta de Vecinos N°4 de Penco y, además, tienen un monto diferente”, repasa el texto.Entre los antecedentes incorporados figuran declaraciones de las profesionales cuyos nombres aparecían en los documentos, quienes aseguraron no haber prestado los servicios consignados o haber emitido boletas por montos considerablemente menores. Según el CDE, las boletas cuestionadas fueron utilizadas tanto para obtener los reembolsos desde la junta de vecinos como para respaldar las rendiciones de gastos presentadas ante el GORE del Biobío. La presentación sostiene que el engaño permitió apropiarse de $1.350.000 provenientes de recursos públicos pertenecientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional destinados a la ejecución de ambos convenios. Delitos imputadosEl organismo estatal arguye que los antecedentes configuran los delitos reiterados de estafa y uso malicioso de documento privado mercantil falso, al estimar que la imputada habría inducido a error al presidente de la junta de vecinos mediante documentos adulterados, obteniendo la transferencia de recursos fiscales a su cuenta personal. Asimismo, se argumenta que posteriormente esos mismos documentos fueron incorporados a las rendiciones oficiales presentadas ante el GORE. La acción penal también enfatiza que los recursos involucrados mantienen el carácter de fondos públicos, por cuanto estaban destinados al cumplimiento de los fines establecidos en los convenios financiados por el FNDR. CDE solicita ampliar la investigaciónJunto con la querella, el CDE solicitó diversas diligencias investigativas al Ministerio Público. Entre ellas, oficiar a la Municipalidad de Concepción y al Concejo Municipal de Penco para confirmar las funciones que desempeñaba Inostroza durante la época de los hechos.También se pide encomendar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI establecer si existen otros convenios con irregularidades similares en los que hubiera participado; y requerir el levantamiento del secreto bancario de las cuentas involucradas en las transferencias. Además, el CDE manifestó su intención de ejercer acciones civiles indemnizatorias y solicitó diligencias destinadas a identificar bienes inmuebles y vehículos eventualmente inscritos a nombre de la querellada, con el propósito de preparar una futura demanda patrimonial.