La Fiscalía señaló que, hasta ahora, la investigación atribuye un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos, aunque estimó que el daño patrimonial podría superar los 4 mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista una persecución política contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, procesado por su presunta participación en una red huachicol fiscal, y aseguró que la investigación se sustenta en 96 datos de prueba obtenidos durante una indagatoria que evolucionó a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados en Coahuila.
En un comunicado difundido el lunes, la Fiscalía sostuvo que “fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”.
La institución explicó que la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población y la seguridad industrial. A partir de inspecciones, análisis periciales y la revisión de la cadena logística del combustible, las diligencias se extendieron a otros ferrotanques localizados en San Luis Potosí y Nuevo Laredo.
