El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado este lunes que su Gobierno presentará un proyecto de ley de reforma constitucional que busca el cese en el cargo de las autoridades a las que se le detecte consumo de drogas. La propuesta, que debe ser analizada por el Congreso Nacional, propone la aplicación de test de estupefacientes de manera periódica a los más altos representantes de los organismos estatales, a lo que se suma la destitución de aquellos que den positivo para el consumo de sustancias psicotrópicas o ilícitas.El Ejecutivo ha presentado esta idea cuatro años después de que se informara de la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que ha dado positivo para la prueba de drogas. La Moneda ha dicho que la exfuncionario había obtenido un resultado negativo en un examen realizado en abril, pero que dio positivo en otra prueba efectuada en junio. Rodríguez ha negado ser un consumidor, de 36 años, ha declarado que el resultado del test no refleja su situación. “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, ha dicho en una declaración pública.Qué dice la propuesta del GobiernoLa iniciativa de la Administración de Kast apunta a una modificación en la Constitución vigente, la que permita imponer como una nueva causal de cesación para en el cargo de autoridad a quienes registren un consumo de sustancias ilícitas en un test positivo de drogas. La medida será aplicable a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. En la actualidad no existe ninguna norma que haga efectiva la salida de un funcionario público por consumir alguna droga, ya que todo queda bajo la discrecionalidad de la jefatura correspondiente. En el caso de los parlamentarios tampoco es motivo de solicitud de desafuero, ya que el consumo por sí solo no implica ningún delito.¿Cómo se aplicaría el test a las autoridades?De acuerdo al proyecto, se establecerá una obligación para que las autoridades deban someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera aleatoria durante un año. Hasta ahora la ley de reajuste del sector público de este año, y la regulación sobre el Presidente de la República está fijada en las partidas de Presidencia de la ley de Presupuesto, imponen la obligatoriedad del test. El Poder Legislativo también ha establecido su norma en su reglamento interno. Por ahora no se han definido la forma en la que se publicarán los resultados, así como tampoco cómo se abordará la aplicación de las contramuestras.¿Qué ha dicho Kast por el proyecto del Gobierno?El mandatario, que ha presentado la propuesta en una ceremonia en el palacio de La Moneda, ha defendido la idea y ha dicho que es necesaria para que las autoridades enfrenten cualquier duda ante su gestión. “La ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia. Yo creo que nosotros en eso tenemos que oír, no solamente a la ciudadanía, sino también el cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos. En esto tenemos que ser inflexibles, en esto no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto”, ha expresado Kast. El jefe de Estado ha recordado que la aplicaciones de exámenes por consumo de sustancias fue parte de su programa en la campaña electoral y ha mencionado que él mismo se ha sometido a una prueba.¿Por qué se busca imponer el test de droga en las autoridades?La idea de imponer los test de drogas entre las autoridades surgió con fuerza durante el año 2022, bajo el impulso de la bancada de la UDI, de la derecha tradicional, y de la diputada Pamela Jiles, que actualmente milita en el populista Partido de la Gente (PDG). La justificación detrás de esta medida es que exponer el posible consumo de drogas es un acto de “transparencia” en el caso de los legisladores a la hora de votar normas relacionadas con la persecución del tráfico de drogas. También se la ha mencionado como una forma de descubrir una posible filtración del crimen organizado en el poder político. La idea no ha alcanzado los consensos necesarios. Desde algunos sectores la izquierda han dicho que la sola constatación del consumo personal es insuficiente para demostrar supuestos vínculos de una autoridad con el tráfico de drogas, por lo que se debe avanzar con otras medidas adicionales como la apertura del secreto bancario para determinar un posible financiamiento de origen ilícito.