0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialLos cazadores son un sector clave y de mucho simbolismo para Vox (y para el PP). El gobierno valenciano presidido por el president Juanfran Pérez Llorca ya propuso en el anteproyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana (la conocida como ley de acompañamiento) una importante reducción de las tasas que los cazadores tienen que abonar para actuar en la Comunidad Valenciana.Así, el ejecutivo autonómico proponía eliminar las tasas por la concesión de licencias por los órganos competentes en materia de medio ambiente para la caza en zonas de caza controlada y de expedición de autorizaciones excepcionales para la captura de aves fringílidas con red en la Comunitat Valenciana y, por otro lado, reducir los importes de 6 de los 8 conceptos incluidos en el epígrafe 1 “Expedición de licencias de caza y otras actuaciones administrativas en materia de caza”.De esta manera, las licencias autonómicas de tipo A (para caza con arco, armas de fuego y asimiladas e incluye la caza sin armas de fuego) y B (para caza sin armas de fuego), veían rebajado su coste para una validez de 3 años de 37,10 euros a 14,28 euros. Y la de tipo C (para grupo/rehala de perros para caza mayor) pasaba de 64,66 euros a 24,89 euros.Sin embargo, esta reducción del 61,5% -que contrasta por ejemplo con el aumento del importe de las tasas por inscripción en pruebas selectivas para el acceso al cuerpo docente de los grupos A1 y A2- no ha sido suficiente para los dos grupos parlamentarios que gozan de la mayoría en las Corts Valencianes.La licencia A para tres años pasa de 37,10 euros a 13,57 euros tras la ‘doble' rebaja introducidaPP y Vox han pactado y aprobado en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda una enmienda de aproximación para disminuir aún más las tasas que abonan los cazadores valencianos. En el debate parlamentario de la ley de acompañamiento, ambas formaciones han rebajado hasta los 13,57 euros las licencias A y B para una validez de 3 años. Además, han introducido otro descuento en las licencias para un año de permiso. Una clara apuesta de PP y Vox por contentar al sector.Los dos partidos han votado conjuntamente, salvo una, todas las enmiendas presentadas por unos y por otros, amén de las ya pactadas. No se ha tenido que votar una de las más polémicas, puesto que los populares pedían, a menos de un año de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, modificar la ley de publicidad institucional aprobada en 2018 por el gobierno del Botànic. El PP, en su iniciativa, reclamaba, por ejemplo, quitar la prohibición de los actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares; o permitir los actos de instalación de placas conmemorativas con los nombres de los cargos electos o de altos cargos que hubieran participado en la decisión de una construcción o puesta en marcha de una determinada obra o instalación. Los populares incluso habían pedido que se suprimiera el artículo de la ley que hacía referencia a que, para la distribución de la publicidad institucional, se tuvieran en cuenta criterios prioritarios de audiencia o implantación territorial y social. Finalmente, el PP retiró estos cambios y todas estas prohibiciones y criterios de la ley de 2018 se mantendrán vigentes.La ley de medidas también incluye la prioridad nacional y excluye a las personas en situación irregularDonde sí que no hubo cambios es en el pacto arrancado por Vox a los populares para introducir también la prioridad nacional en la ley de medidas. Además, ambas formaciones han acordado modificar varias leyes (movilidad, policía local o salud) para vetar el uso de burka o el niqab en los espacios públicos como los centros sanitarios, escolares o el transporte público. Junto a este paquete de medidas, justificado por cuestiones de seguridad y de defensa de la mujer, los dos socios parlamentarios, tal y como acordaron ya el pasado viernes, votaron los cambios necesarios para retocar la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana e introducir una disposición final que prevé “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular”. Un acceso del que solo se exceptúan “los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”. “No excluimos a nadie, pero hay unos requisitos de acceso para priorizar y ordenar”, defendió este lunes la diputada de Vox Teresa Ramírez.Licenciado en Periodismo (2005) y Ciencias Políticas y de la Administración (2012). Redactor de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana desde enero de 2021. Antes, en El Mundo. Ha participado en varios libros sobre la Comunidad Valenciana