Carmen Valero Berl�nActualizado Martes,

julio

01:15El atentado terrorista ocurrido en el marco del Orgullo Gay de Berl�n, con un saldo de una persona muerta y 29 heridas, alter� este fin de semana el clima pol�tico de Alemania. A seis semanas de la primera cita con las urnas tras el verano, el 6 de septiembre en el estado federado de Sajonia-Anhalt, basti�n de la ultraderecha, la seguridad ha vuelto a situarse en el centro del debate pol�tico, junto con la inmigraci�n y la respuesta del Estado frente al terrorismo islamista.La discusi�n ya no gira �nicamente en torno a la investigaci�n del ataque. Las preguntas que empiezan a abrirse paso son otras: si el Estado dispone de instrumentos jur�dicos suficientes para impedir acciones violentas protagonizadas por j�venes islamistas radicalizados, ya conocidos por la Justicia, y hasta qu� punto este atentado, cometido por un alem�n de 21 a�os de origen liban�s, influir� en la precampa�a y reforzar� el peso de la seguridad y la inmigraci�n en el discurso de los partidos, especialmente de Alternativa para Alemania (AfD).La presi�n no recae directamente sobre el canciller Friedrich Merz, pero s� sobre su partido. La CDU afronta en Sajonia-Anhalt la primera gran prueba electoral desde su llegada al Gobierno federal y lo hace con una AfD que, seg�n los �ltimos sondeos, ronda el 41% de intenci�n de voto frente al 24% de los democristianos. Dos semanas despu�s, el 20 de septiembre, el ciclo continuar� con las elecciones de Berl�n y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde la formaci�n ultraderechista vuelve a partir de una posici�n muy competitiva. En ese contexto, no resulta casual que uno de los primeros dirigentes en reclamar una revisi�n de la respuesta del Estado frente al terrorismo islamista haya sido precisamente el ministro-presidente de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze. Su propuesta de abrir el debate sobre el derecho penal juvenil y trasladarlo a la Conferencia de Ministros-Presidentes refleja hasta qu� punto el atentado ha dejado de ser �nicamente una cuesti�n de seguridad para convertirse tambi�n en un asunto de enorme trascendencia pol�tica.Lo significativo es que ninguno de los principales dirigentes conservadores ha convertido esa discusi�n en un ataque a los jueces. El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, considera "dif�cilmente comprensible" que una persona con el grado de peligrosidad atribuido a Abdul B. pudiera beneficiarse de la suspensi�n de la ejecuci�n de la pena. El alcalde-gobernador de Berl�n, Kai Wegner, insiste en que no quiere cuestionar la independencia judicial, aunque admite que la resoluci�n le deja "sin palabras". Ese matiz resulta esencial para entender el alcance del debate. Ning�n dirigente relevante acusa al tribunal de haber incumplido la ley. Lo que empieza a cuestionarse es si la propia ley sigue siendo adecuada para afrontar amenazas de esta naturaleza.Ese cambio de enfoque viene reforzado por un dato que apenas ha ocupado espacio en el debate p�blico: la propia Fiscal�a tampoco compart�a plenamente la decisi�n del tribunal. Tras la condena a 22 meses de prisi�n juvenil por preparar un grave delito contra la seguridad del Estado, la Fiscal�a General de Berl�n recurri� la sentencia al considerar insuficiente la pena y reclamar una condena superior que dificultara la suspensi�n de su ejecuci�n. Cuando se produjo el atentado, el procedimiento segu�a abierto y la sentencia a�n no era firme.Ese detalle modifica sustancialmente la lectura del caso. No existe �nicamente una tensi�n entre pol�tica y justicia. Tambi�n hab�a una discrepancia dentro del propio sistema judicial acerca de cu�l deb�a ser la respuesta penal frente a un joven radicalizado por el terrorismo islamista.El n�cleo del debate jur�dico se encuentra ahora en el art�culo 61 de la Ley de Tribunales de Menores (Jugendgerichtsgesetz, JGG), que permite al tribunal aplazar la decisi�n definitiva sobre la suspensi�n de la ejecuci�n de una pena juvenil -la denominada coloquialmente Vorbew�hrung- para comprobar si el condenado demuestra que la reinserci�n sigue siendo posible. En aplicaci�n de ese mecanismo, Abdul B. qued� en libertad con la obligaci�n, entre otras medidas, de participar en un programa de desradicalizaci�n del Violence Prevention Network. Seg�n los responsables de esa organizaci�n, hab�a mantenido dos entrevistas preliminares y no hab�a mostrado indicios concretos de una violencia inminente.Es precisamente ese modelo el que comienza ahora a ponerse en cuesti�n. El debate ya no consiste �nicamente en determinar si un juez acert� o se equivoc�. La cuesti�n de fondo es si uno de los principios esenciales del derecho penal juvenil alem�n -priorizar la reinserci�n cuando existe una expectativa razonable de recuperaci�n del condenado- sigue siendo adecuado para afrontar delitos de terrorismo cometidos por j�venes adultos.Las primeras propuestas pol�ticas apuntan ya en esa direcci�n. El presidente de las Juventudes de la CDU, Johannes Winkel, propone excluir a los Gef�hrder (personas bajo vigilancia) del �mbito del derecho penal juvenil. La senadora berlinesa de Justicia, Felor Badenberg, reclama revisar cient�ficamente los criterios que permiten aplicar ese r�gimen especial a los j�venes de entre 18 y 21 a�os. Y Sven Schulze pretende elevar el debate al conjunto de los L�nder para estudiar una eventual reforma del marco legal.El experto en terrorismo Peter Neumann introduce un elemento de equilibrio. Considera que el derecho penal antiterrorista alem�n resulta relativamente benigno en comparaci�n con otros pa�ses europeos y cree necesario revisar el sistema, aunque advierte de que los programas de desradicalizaci�n pueden funcionar cuando se aplican correctamente. El verdadero dilema consiste en determinar cu�ndo la expectativa de reinserci�n deja de ser compatible con la obligaci�n del Estado de proteger a la sociedad.Ese debate no surge en el vac�o. Seg�n la Oficina Federal para la Protecci�n de la Constituci�n, Alemania contabiliza actualmente 28.645 personas vinculadas al espectro islamista, de las que unas 9.110 son consideradas proclives a la violencia. En Berl�n, el servicio regional de inteligencia sit�a ese entorno en torno a las 2.500 personas, con m�s de 900 catalogadas como violentas. El atentado del CSD no crea ese problema; lo devuelve al centro de la agenda pol�tica en v�speras de un septiembre electoral en el que la seguridad y la inmigraci�n amenazan con convertirse en los grandes ejes de la campa�a.La posici�n de AfD apenas ha variado. La presidenta del partido en Berl�n, Kristin Brinker, volvi� a responsabilizar a la pol�tica migratoria de los �ltimos a�os y reclam� el fin del "trato complaciente con los islamistas violentos", mientras que Alice Weidel limit� su primera reacci�n a expresar sus condolencias a las v�ctimas. La formaci�n no necesita construir un relato nuevo. Lleva a�os defendiendo ese marco de interpretaci�n.