NoticiaEl ente acusador imputó ocho delitos a Luis Edmundo Suárez Soto por su supuesta intervención en la adjudicación del convenio. El viceministro para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA27.07.2026 17:23 Actualizado: 27.07.2026 17:23
La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de control de garantías al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, a quien señala de haber intervenido de manera irregular en el proceso de contratación para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército.El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024, ascendió a 32 millones de dólares hoy es objeto de una investigación por presuntas anomalías en su planeación y ejecución. De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, pese a no tener competencia funcional en el proceso, habría direccionado la contratación para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que, según la Fiscalía, “no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas".El Viceministro de Estrategia y Planeación del Mindefensa, Luis Edmundo Suárez Soto. Foto:Archivo particularPara ello, presuntamente impulsó que el proceso se adelantara mediante la modalidad de selección directa reservada. La investigación también sostiene que Suárez Soto habría participado en reuniones de estructuración del contrato con el propósito de flexibilizar los requisitos exigidos al contratista. Además, habría mantenido comunicación directa con los responsables de la empresa favorecida y realizado gestiones ante la Aeronáutica Civil para agilizar un trámite considerado indispensable para la ejecución del contrato. Los elementos recopilados por la Fiscalía indican igualmente que el exfuncionario conocía informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista. Pese a ello, presuntamente dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera, una actuación que ahora hace parte del expediente que sustenta la imputación. Había sido reportado ante la fiscalía desde el 2 de junio. Foto:Fiscalía General de la NaciónUno de los aspectos que más llama la atención del proceso es la modificación de la forma de pago del contrato. Según el ente investigador, esa decisión permitió autorizar un desembolso anticipado equivalente al 50 % del valor contratado. En consecuencia, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, aunque para ese momento únicamente se habían ejecutado actividades valoradas en cerca de 2,6 millones de dólares. Tras la declaratoria de incumplimiento del contrato, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.Por estos hechos, la Fiscalía imputó al exviceministro los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Durante la diligencia judicial, el exfuncionario no aceptó los cargos formulados en su contra.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
