NoticiaEn diálogo con EL TIEMPO, Ramellí respaldó el trabajo de la justicia transicional y dijo que cualquier recorte afectaría a víctimas y comparecientes.Bogotá julio 27 de 2026. Alejandro Ramelli, Presidente de la JEPFoto : @Miltondiazfoto / El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo27.07.2026 17:04 Actualizado: 27.07.2026 17:04
En medio de las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, defendió en diálogo con EL TIEMPO el trabajo de la justicia transicional y puntualizó que cualquier recorte afectaría tanto a las víctimas como a los comparecientes.En las elecciones se reavivó el debate sobre si se debe terminar o no la JEP. ¿Cómo está hoy la jurisdicción frente a esa discusión, y qué tan fácil o difícil sería, jurídicamente, ponerle fin?El sistema integral, o la jurisdicción, fue creado en el acuerdo de paz y llevado a la Constitución mediante un acto legislativo que fue revisado por la Corte Constitucional. Esta revisó si todo el trámite en el Congreso fue correcto, pero además evaluó si el acuerdo y el acto legislativo eran conformes con los estándares internacionales, con la Corte Penal Internacional y con el sistema interamericano. La Corte concluyó que sí: el modelo actual se ajusta tanto a la Constitución como al orden internacional. Es decir, no solo existe una reforma constitucional que tuvo sus debates en el Congreso, sino también una sentencia de la Corte Constitucional que estableció que todo era conforme con los principios fundantes de la Constitución y con el ordenamiento jurídico internacional.La JEP tiene una vigencia de 15 años, de los cuales ya van ocho: los primeros diez para la investigación y el resto para el juzgamiento. En ese balance ya van cuatro sentencias. ¿Qué viene ahora en esa materia?Es muy importante, como usted lo menciona, tener claro que tenemos un tiempo limitado y que no hemos pedido ninguna prórroga. Son diez años para terminar la fase de investigación, que aún no ha concluido, aunque los macrocasos en la sala terminarán hacia finales de año. Queda la parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es como la fiscalía de la JEP, y queda el resto para los juicios. Pero incluso antes de llegar a la etapa de los diez años —y aunque nos preguntan por las sentencias como si fueran los juicios finales— ya tenemos cuatro, y estimo que saldrán otras tres antes de que termine el año. Es decir, completaríamos el año con siete sentencias, tanto contra miembros de la Fuerza Pública como contra integrantes de la antigua guerrilla, por la comisión de crímenes internacionales.¿Cuáles serían esas tres sentencias que vienen?Vendría una sentencia en el caso conjunto de Las Mercedes de Dabeiba, un proceso que la jurisdicción ha estudiado durante mes y medio. También estaría la sentencia contra el segundo comandante del batallón La Popa, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, quien aceptó cargos. Además, avanzaría el caso del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en el que el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, máximo responsable, no aceptó responsabilidad y cuyo juicio también está llegando a su etapa final.Ustedes tienen una tasa de reconocimiento de más del noventa por ciento, y ya son más de 337 los comparecientes imputados. ¿Cuál diría que ha sido el mayor aporte de ese reconocimiento a la JEP, y qué falta para cerrar los macrocasos pendientes?Estamos trabajando a marchas forzadas para terminar los once macrocasos. En los meses que quedan vendrán muchas más imputaciones, para finalmente darles una respuesta a las víctimas de los once macrocasos. Lo importante es que estamos cumpliendo con un cronograma estricto: esto no es eterno, no nos vamos a demorar toda la vida investigando, estamos cerrando esas fases. Creo que buena parte de las verdades que se han venido descubriendo en los casos, tanto de la antigua guerrilla de las Farc como de la Fuerza Pública, son las que terminan sustentando el cierre de los demás macrocasos.Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Foto:Milton Diaz / El TiempoMagistrado, otro de los debates de esta semana ha sido el del presupuesto. ¿Cómo se compara la JEP con las demás altas cortes, y cómo funciona su presupuesto?Se han hecho unas comparaciones que no vienen al caso, entre el trabajo, el presupuesto y los cargos de la JEP y los de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Aquí hay que aclarar algo: nosotros somos una jurisdicción, no solamente una corte. Y como jurisdicción, tenemos tres componentes: la magistratura, la UIA —que es como la fiscalía de la JEP— y la secretaría ejecutiva, que correspondería, más o menos, a la dirección ejecutiva de la rama judicial, para hacer la comparación.Además, tenemos una defensoría pública propia, porque debemos garantizar que las víctimas y los comparecientes tengan un abogado; en otros casos eso lo haría la Defensoría del Pueblo, pero nosotros contamos con nuestra propia defensoría. También decretamos medidas de protección y tenemos que pagarlas, tanto para las víctimas como para los comparecientes que están en riesgo, y eso hace parte de nuestro funcionamiento. Investigamos como lo haría la Fiscalía, juzgamos como lo haría la Corte Suprema, atendemos psicosocialmente a las víctimas y comparecientes como lo haría el Ministerio de Salud, y supervisamos la ejecución de las sentencias, como lo haría un juez de ejecución de penas.En resumen, cuando se mira el presupuesto de la JEP hay que tener en cuenta que estamos cumpliendo seis funciones que en el resto del Estado colombiano están repartidas entre distintas entidades, y que nosotros las estamos asumiendo todas. No se trata, entonces, de mirar solo una cifra y decir que tenemos muchos funcionarios y mucho presupuesto.Audiencia de la JEP en Meta. Foto:JEP.En plata blanca, ¿cuánto es el presupuesto de la magistratura y cuántos funcionarios la componen?Si nos fijamos únicamente en la magistratura, somos 753 funcionarios, con un presupuesto de 247.381 millones de pesos. Insisto: eso es solo la magistratura; el resto del presupuesto corresponde a la UIA y a la Secretaría Ejecutiva. Hay que tener en cuenta que cerca de una cuarta parte se destina a la protección de víctimas y testigos, y a todo el sistema restaurativo: lo que invertimos en las versiones voluntarias, las audiencias de observaciones y las audiencias de reconocimiento.Puedo decir con toda tranquilidad que cerca de una cuarta parte de nuestro presupuesto es para las víctimas y los comparecientes, así que no somos el gran aparato burocrático que se ha querido mostrar. Aproximadamente la otra mitad son gastos de funcionamiento, y el resto corresponde a temas administrativos como computadores, sistemas de información, arriendo y demás.Por eso no se pueden hacer comparaciones tan a la ligera como se han querido hacer en estos días, porque es una jurisdicción con diferentes componentes.¿Cómo es el acompañamiento que reciben las víctimas: tanto para asistir a una audiencia —cuando un compareciente va a declarar o a contarles la verdad— como durante todo el proceso previo para llegar a ella?Tenemos acreditadas cerca de quince mil víctimas individuales y 481 pueblos étnicos, que, mal contados, representan más de 300.000 personas. Para poder realizar una audiencia debemos financiar, con nuestro propio presupuesto, una serie de talleres psicosociales con las víctimas y los comparecientes, que toman meses: antes de llegar a la audiencia hacemos con ellos, como mínimo, cuatro o cinco talleres, y todo eso tiene un costo. También financiamos el traslado, los tiquetes y la alimentación, porque ninguna otra entidad del Estado lo hace, y la gran mayoría de las víctimas son población vulnerable. Los comparecientes tampoco cuentan con recursos económicos, así que también hay que financiarlos para que puedan llegar a una audiencia. Y las audiencias mismas tienen costos adicionales de preparación psicosocial, comunicaciones y logística, entre otros.Es decir, hay una serie de gastos que normalmente la justicia ordinaria no asume, y que nosotros sí tenemos que asumir. Además, hay víctimas y comparecientes amenazados. Tenemos un convenio con la UNP: ella presta el servicio, pero nosotros tenemos que pagarlo. La JEP debe costear la protección tanto de las víctimas como de los comparecientes. Todas estas inversiones se hacen para que el sistema pueda funcionar; si no se le garantiza la seguridad a las víctimas y no existen esquemas de protección, los comparecientes no van a participar. Y eso sale de nuestro presupuesto, no del de otras entidades.JEP Foto:CortesíaIncluso la Contraloría ha puesto la lupa sobre el presupuesto de la JEP…No ha sido solo esta Contraloría; han sido varias a lo largo de los años, y todas han concluido que no hay ninguna incidencia fiscal. Se dice que la JEP funcionaba con determinado presupuesto y ahora funciona con otro, pero eso es porque la JEP ha pasado por diferentes fases. No se puede comparar el presupuesto que necesitábamos en el primer año, cuando apenas nos estábamos instalando y no había audiencias —es decir, cuando estábamos en la fase de puesta en marcha—, con lo que tenemos hoy.Simplemente haga el siguiente ejercicio: la semana pasada, en un solo día, tuvimos simultáneamente tres audiencias en diferentes partes del país, con distintas víctimas y comparecientes al mismo tiempo. Eso no pasaba en el primer año.El aumento del presupuesto responde a que se abrieron más casos, se acreditaron más víctimas y hay más comparecientes; es decir, hay más actividad judicial. Además, estamos en un momento crítico, porque es justo al terminar la instrucción cuando más audiencias y más versiones se deben realizar.Si hoy se reduce el presupuesto, ¿a quién se afecta? A las víctimas y a los comparecientes que están en el cierre de esos casos.Alejandro Ramelli, presidente de la JEP Foto:Milton Diaz / El TiempoPrecisamente ya quedaron en firme dos sentencias: una contra el antiguo secretario de las Farc y otra contra doce militares por falsos positivos cometidos en el batallón La Popa. ¿Cuándo empezará a verse el cumplimiento de esas sentencias?Lo que determinó la sentencia es que el cumplimiento arranca a partir del 15 de agosto. El Ministerio de Hacienda destinará 30.000 millones de pesos para la habitabilidad, la seguridad y demás condiciones que hay que garantizarles a los comparecientes. Por ejemplo, los comparecientes van a empezar la construcción de los 700 osarios del cementerio de Valledupar, y para los ex-Farc ya contamos con una financiación de cooperación internacional para el desminado humanitario. En la sentencia están definidos incluso los horarios —de qué hora a qué hora deben hacerse las actividades— y los sitios. Es decir, todo está ya completamente delimitado, y no hay ninguna incertidumbre sobre lo que se debe hacer.¿Y esas sentencias tendrán monitoreo internacional?Además del monitoreo constante que haremos nosotros, habrá un acompañamiento de la MAPP/OEA y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esta semana se debe reunir el fondo multidonante para garantizar los recursos necesarios, tanto para la OEA como para Naciones Unidas, porque ellos también los necesitan; es muy importante lo que se va a discutir. El Gobierno nacional los va a convocar esta semana, ya que hace parte del fondo multidonante, para asegurar que exista un monitoreo internacional.¿Sigue dispuesto a hablar con el presidente electo, Abelardo de la Espriella?Sí. En Colombia hay separación de poderes; es un principio básico. Existe autonomía judicial, pero también colaboración armónica, y en el marco de esa colaboración tenemos que trabajar conjuntamente con el Gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo está establecido que quien debe financiar las sanciones —y siempre lo hemos dicho— es el Gobierno, que tiene que garantizar los recursos para que los comparecientes de la Fuerza Pública y de las Farc puedan cumplir la sentencia. Lo grave de este tema es que, si no hay recursos, no pueden cumplir la sentencia, y eso sí es impunidad. Pero esa no será responsabilidad nuestra, sino del Gobierno, que es quien tiene que garantizar los recursos para la financiación.Juan Diego TorresRedacción Justica Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
