Publicidad27 de julio, 2026 - 10h55Más de cuatro años han pasado desde que se abrió el proceso penal conocido como el caso Vocales contra los hoy exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya, y recién el próximo 4 de agosto, a las 08:30, se instalará la etapa de juicio contra los tres acusados de cometer el delito de tráfico de influencias.La convocatoria la hizo el conjuez Rodrigo Sarango, magistrado que preside el tribunal de juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este es el tercer llamado a audiencia de juicio que se hace en este 2026. Las diligencias previamente señaladas para el 23 de marzo último y para el 28 de mayo pasado no pudieron llevarse a cabo debido a solicitudes de diferimiento formuladas por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.El caso Vocales se originó el 2 de junio de 2022, cuando los involucrados se reunieron en una oficina privada con más funcionarios judiciales, entre ellos la jueza Maritza Romero, quien los grabó y aseguró haber entregado el audio al entonces titular de la CNJ, Iván Saquicela.PublicidadEn el audio filtrado se escucharía la voz del entonces vocal Morillo, quien en presencia de la también en ese momento vocal Barreno pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución y mantenerla en el cargo.En esa línea, en el audio se escucharía decir al entonces vocal Juan José Morillo: “Les voy a ser frontal y sincero, porque son de confianza. El presidente de la República (Guillermo Lasso) personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema. (...) Ustedes también tienen una confianza y agradezco por esa relación, igual Mari. Entonces, hay un pedido formal para que se apoye esa circunstancia. Yo quisiera que usted le analice el tema, le analice cómo está la circunstancia y pueda resolver en el menor tiempo posible”.De esos hechos se desprende la teoría del caso de Fiscalía, la cual ratifica que el 2 de junio de 2022 el vocal de la Judicatura Juan José Morillo, en la calidad de presidente de la Judicatura encargado, y la vocal Maribel Barreno, junto con el juez provincial Vladimir Jhayya y otras personas, se habrían reunido en un edificio particular ubicado en el norte de Quito.PublicidadPublicidadEn esa reunión se habrían tratado detalles de la apelación a la sentencia de acción de protección planteada por la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ante la Corte de Justicia de Pichincha. Esta causa llegó a conocimiento del Tribunal Tercero de Sala de la Familia de esa corte, en el que uno de los jueces integrantes era Gustavo Osejo, en esos días presidente de la Corte de Pichincha.Los vocales Morillo y Barreno habrían convocado a los jueces a mantener esta reunión fuera de las dependencias de la Judicatura y solicitaron directamente a Gustavo Osejo, magistrado provincial que debía conocer la apelación de la acción de protección, que “resuelva favorablemente el recurso y en el menor tiempo posible”.En estas acciones, el juez Jhayya habría dado las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trataba de una oficina del vocal Juan José Morillo, quien incluso aportó argumentos que se podrían señalar en la motivación del fallo, de acuerdo al pedido de las autoridades del Consejo de la Judicatura.Los enjuiciados podrían enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión, tal como lo establece el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).Los hoy exvocales Barreno y Morillo fueron llamados a juicio como coautores del delito de tráfico de influencias; mientras que Jhayya, como cómplice. La causa ha pasado por manos de tres fiscales generales: empezó con Diana Salazar, continuó con Wilson Toainga y ahora Carlos Alarcón deberá sustentar en audiencia la acusación de Fiscalía. (I)
Maribel Barreno y Juan José Morillo enfrentarán el juicio en el caso Vocales el 4 de agosto próximo, más de cuatro años después de abierto un proceso por tráfico de influencias
Los enjuiciados podrían enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión, tal como lo establece el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.






