Ocho de cada diez trabajadoras sexuales afirman haberse visto forzadas a hacer prácticas sexuales sin su consentimiento mientras ejercían. Es decir, refieren haber sufrido violencia sexual durante su jornada. Entre ellas, un 70,6% asegura que al menos una vez ha vivido que algún cliente se retirara el preservativo sin su consentimiento, una práctica que el estudio sitúa entre las formas más frecuentes de vulneración de la libertad sexual de estas personas que son, en su mayoría (96,8%), mujeres migrantes.PublicidadSe trata de algunos de los datos que recoge El trabajo sexual y la violencia de género. Evidencias, experiencias y recomendaciones para la prevención de las violencias machistas, un informe publicado a mediados de julio y elaborado por el sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). La antropóloga Irene Adán, autora del estudio, señala en el texto que durante su elaboración se realizaron 1.068 contactos con personas que ejercen el trabajo sexual, se trabajó en 48 espacios diferentes, participaron 17 personas en grupos focales y se prestaron 21 asesoramientos jurídicos al identificarse diferentes situaciones de violencia machista. El documento es el resultado de un trabajo iniciado en julio de 2024 y desarrollado en la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y de la Unión Europea. El proyecto consistió en acudir a clubes, pisos y otros espacios de trabajo sexual para que mediadoras comunitarias pudieran ofrecer información sobre el acceso a derechos, distribuir materiales como preservativos y lubricantes y, sobre todo, conocer las necesidades de quienes ejercían allí. "Ha sido un proceso de dos años en el que hemos aprendido mucho y el informe es un poco el resultado de las cosas que hemos ido observando en relación con las violencias machistas", explica Adán en conversación con Público. Aunque el trabajo de campo se desarrolló principalmente en espacios donde se ejercía para terceros, en los grupos focales participaron también trabajadoras independientes para poder identificar posibles diferencias entre unas experiencias y otras.El estigma Las agresiones sexuales constituyen solo una parte de las violencias que documenta el estudio. Una de las principales conclusiones del documento es que el estigma asociado al trabajo sexual atraviesa todas ellas y acaba condicionando tanto la capacidad de prevenir las violencias como las posibilidades de denunciarlas o acceder a protección.PublicidadIrene Adán: "El trabajo sexual en sí mismo no es una forma de violencia"La autora considera importante diferenciar entre el trabajo sexual y las violencias concretas que pueden producirse mientras se ejerce. "Cuando se habla de violencias machistas y sale la cuestión del trabajo sexual, muchas veces el enfoque suele ser que el trabajo sexual es una forma de violencia de género", apunta. Aunque explica que las desigualdades entre hombres y mujeres también se materializan en este ámbito, sostiene que "el trabajo sexual en sí mismo no es una forma de violencia", sino que es en esas relaciones desiguales donde se producen las distintas vulneraciones. Separarlas y analizarlas individualmente permite, según Adán, que "no se desdibujen ni se consideren inevitables por el mero hecho de que la víctima se dedique al trabajo sexual". La violencia económicaLa investigación habla, por ejemplo, de las violencias económicas y las define como aquellas situaciones que reducen la capacidad de las personas trabajadoras sexuales para negociar las condiciones en las que ejercen su actividad. Según pudieron saber desde OTRAS mediante los grupos focales, el 41,2% de las participantes afirma que algún cliente les ha pagado alguna vez menos de lo acordado, el mismo porcentaje asegura haber sufrido la imposición de condiciones de trabajo distintas de las pactadas y un 35,3% señala haber recibido presiones para trabajar más horas.Los testimonios recogidos así lo retratan. "Un cliente trató de pagar menos mintiendo sobre que no tenía dinero", relata una de las participantes. Otra explica: "Me mandó un comprobante de pago falso". "Hay lugares donde, si faltabas un día que no era tu descanso, pagabas 50 euros. Te lo descontaban directamente", dice una tercera.PublicidadLa situación de las mujeres migrantesEl estudio señala que estas formas de violencia se recrudecen en el caso de personas migrantes en situación administrativa irregular. Las dificultades para acceder a una vivienda, regularizar la documentación o disponer de ingresos estables, refiere el texto, pueden ser aprovechadas por terceros para someter a estas mujeres a condiciones abusivas, exigir pagos desproporcionados o generar relaciones de dependencia extremadamente difíciles de romper.Adán vincula esta menor capacidad de negociación con los efectos de la criminalización y las políticas punitivas. Actualmente, recuerda, las personas que ejercen en la calle pueden ser sancionadas mediante la ley mordaza o a través de ordenanzas municipales.Irene Adán: "La criminalización produce un espacio mayor de impunidad hacia los agresores""La criminalización produce un espacio mayor de impunidad hacia los agresores, porque muchas trabajadoras no quieren denunciar las violencias de las que son víctimas solo porque no quieren llamar a la Policía", explica. A ello se suman el aislamiento y la soledad que produce el temor a ser identificadas o sancionadas: "Pensamos que la violencia machista contra las personas trabajadoras sexuales está siendo insuficientemente reconocida".La violencia digitalEl informe identifica igualmente un incremento de las violencias digitales asociado al peso que han adquirido las plataformas y las redes sociales en el ejercicio del trabajo sexual. Entre las personas participantes, un 41,2% afirma haber sido fotografiadas sin consentimiento y el mismo porcentaje asegura haber recibido amenazas de revelar su identidad.Un 41,2% de las participantes del estudio afirma haber sido fotografiadas sin consentimientoAdán señala que se trata de violencias todavía poco exploradas. En los últimos años se ha prestado una atención creciente a la difusión de imágenes íntimas sin permiso o a la creación mediante inteligencia artificial de falsos desnudos de mujeres. Sin embargo, advierte, cuando el contenido pertenece a una trabajadora sexual y ha sido publicado inicialmente en un anuncio o una plataforma de suscripción, parece asumirse que puede circular libremente. La investigadora menciona como ejemplo el caso de una mujer que se encontraba en proceso de divorcio y cuya expareja utilizó de manera velada la amenaza de mostrar sus anuncios a su hijo para no pagar las cantidades fijadas judicialmente.Las participantes denuncian que existe una asimetría entre ellas y los clientes en los entornos digitales. Mientras las plataformas les exigen con frecuencia verificar su identidad para publicar anuncios, los clientes conservan un mayor grado de anonimato. También hablan de falta de herramientas eficaces para identificar a clientes violentos o denunciar la difusión no consentida de imágenes.Esta desigualdad se refleja incluso en los consejos de seguridad que ofrecen algunas páginas de anuncios. Adán explica que determinadas plataformas incluyen apartados destinados a prevenir riesgos, pero sus recomendaciones se dirigen principalmente a ellos, los clientes: les aconsejan que no paguen por adelantado o que no faciliten información personal. Las trabajadoras, en cambio, apenas disponen de mecanismos para conocer la identidad de quienes contactan con ellas, aunque contar con determinados datos o solicitar una parte del pago previamente pueda servirles para saber quién acudirá al encuentro y reforzar su seguridad. PublicidadLa violencia institucionalA ello se suma que, según los datos recogidos en los grupos focales, el 52,9% de las participantes afirma haber sido identificada o sancionada por las autoridades mientras ejercía el trabajo sexual. Y un 29,4% asegura haber recibido una atención inadecuada después de denunciar una situación de violencia. Una de las participantes, que se identificó como Beyoncé, relató el temor que generan estas intervenciones: "Cuando llega la Policía no sabes si te van a ayudar o si te van a multar". Mientras otra, bajo el nombre de Massage, insistió en que "no puedes confiar porque vienen como clientes y luego resulta que son policías". Adán explica que es relativamente frecuente que estas mujeres se enfrenten a serias dificultades para interponer una denuncia y conseguir que sus casos fueran investigados con exhaustividad. "Les cuesta mucho tener credibilidad", señala la antropóloga, al mismo tiempo que reclama que existan mecanismos independientes para investigar también los posibles abusos policiales.Autoorganización y apoyo mutuo para sobrevivirDe ahí que las participantes describan las redes comunitarias como uno de sus principales recursos de protección. El intercambio de información sobre clientes violentos, el acompañamiento después de que alguna haya sido víctima de una agresión y la difusión de alertas entre sí les permiten reducir todos estos riesgos: "Nos avisamos entre nosotras. Si un hombre ha sido violento, compartimos su número para que ninguna lo reciba", explica Andrea.PublicidadAdán destaca que el acercamiento a la comunidad durante el proyecto fue realizado por las propias trabajadoras sexuales. Esta experiencia llevó a OTRAS a crear encuentros mensuales exclusivos para personas que ejercen el trabajo sexual, concebidos como espacios de apoyo mutuo en los que compartir información, resolver dudas y hablar de las violencias que sufren a diario. "Es ahí muchas veces donde se verbalizaron algunas de las violencias de las cuales se habla en el proyecto", explica. Para la organización, resulta fundamental que estos mecanismos de protección formen parte de la autoorganización de las propias trabajadoras.La antropóloga conecta esta cuestión con la reciente modificación de las órdenes que regulan las subvenciones del Ministerio de Igualdad destinadas a programas de prevención de las violencias contra las mujeres y de atención a víctimas de trata y explotación sexual. Para acceder a ellas, las entidades deben a partir de ahora reconocer en sus estatutos o documentos internos que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres.Esta exigencia, advierte Adán, puede excluir a organizaciones que mantienen una posición distinta sobre el trabajo sexual, basada en un enfoque de derechos, pero que atienden situaciones de violencia machista y tienen una elevada capacidad para llegar a mujeres que necesitan asesoramiento. El sindicato reclama, entre otras medidas, evaluar el impacto de las disposiciones penales y administrativas, formar a las fuerzas policiales, investigar las denuncias con la misma diligencia que el resto de los delitos y asegurar que los recursos de atención a las víctimas sean accesibles para las trabajadoras sexuales sin discriminación. Recomendaciones, precisa Adán, que se apoyan en los pronunciamientos de organizaciones y organismos internacionales como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA.PublicidadEl informe se ha publicado, además, acompañado de una Guía de información para luchar contra las violencias machistas en el trabajo sexual, elaborada por OTRAS junto con ALTERA, un colectivo de juristas especializado en la defensa de la justicia social. "No queríamos quedarnos únicamente en el plano teórico y de recomendaciones, sino dar una serie de herramientas de autodefensa legal para las trabajadoras sexuales que aquí y ahora estén viéndose expuestas a las formas de violencia que hemos descrito", detalla Adán.El documento explica, entre otras cosas, qué vías existen para denunciar sin acudir necesariamente a la Policía Nacional, una cuestión especialmente importante para las mujeres en situación administrativa irregular que temen enfrentarse a una sanción o a un procedimiento de expulsión. También ofrece pautas para conservar y reconstruir pruebas después de una agresión sexual e información sobre el acceso a asistencia jurídica gratuita.Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.