Zamir Pinto, de 16 años, murió en 2023 a causa de los golpes que recibió en una academia militarizada en el Estado de México. Dos años después, los directivos de una escuela castrense de la capital entregaron a Erika Torbellín el cuerpo de su hijo Erick, de 13 años, con huellas de violencia. La semana pasada, Dafne Zapata, también de 13 años, murió por asfixia cuatro días después de haber empezado un curso de verano militarizado en Tamaulipas. Tres niños muertos en tres años. Tres familias destrozadas. En México, los centros con un régimen de alta disciplina para formar supuestos cadetes menores de edad operan como cualquier escuela de educación básica, bajo el paraguas de la Secretaría de Educación Pública, ajenos a las fuerzas armadas, y sin normas específicas o supervisión que regule su funcionamiento. Las llamadas academias militarizadas combinan la formación académica con severa disciplina, actividades deportivas e internados tipo cívico-militar. “Disciplina, la mejor forma de aprovechar el tiempo” y “Tradición, disciplina y honor” son algunos de los lemas bajo los que se rigen esas instituciones. Muchas pregonan una vinculación con la Marina o el Ejército mexicanos, pero ninguna forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La dependencia aclaró que “no guarda relación alguna con la referida academia ni con algún otro plantel de este tipo”. Para enganchar a las familias prometen fortalecer el carácter y formar a jóvenes ordenados y disciplinados. Los estudiantes toman clases de química, física o matemáticas como el resto de niños de su edad, aunque con un adiestramiento militarizado, acondicionamiento físico, legislación militar, técnicas de supervivencia, defensa personal y primeros auxilios. Los alumnos son llamados cadetes.En Michoacán, se levanta la Academia Militarizada México un internado para varones de nivel secundaria y bachillerato que empezó en Ciudad de México, como una de las pioneras del país. Alonso Bermúdez, primer comandante y director general de esa escuela, detalla en una llamada telefónica con este diario que el perfil de los estudiantes que ingresan es de “jóvenes con ganas de superación”. Rechaza que su academia funcione como un “castigo” y detalla que sus profesores son militares retirados licenciados en las carreras relacionadas con las materias que imparten y con formación en pedagogía o los estudios que solicita la autoridad para dar clases. Bermúdez asegura que no se toleran golpes o maltratos y que toda la formación se hace con disciplina. Él mismo reconoce, sin embargo, que en otras academias militarizadas los directivos sí recurren a los golpes contra los alumnos, aquellas, asegura, con “un descuido muy grande”.Su academia no acepta estudiantes hijos de narcotraficantes o delincuentes. “Solo hijos de familias honorables”, que estén completamente sanos y “no tengan tendencias homosexuales”, menciona sin tomar en cuenta la discriminación que conlleva. La academia no ha compartido los costos, aunque compara los precios con escuelas privadas como LaSalle o el Tec de Monterrey, con colegiaturas que oscilan entre 15.000 y 30.000 pesos mensuales. El directivo comparte que recibe inspecciones como el resto de secundarias y preparatorias. Aunque se han ido reduciendo, existen desde hace décadas. Prevalecen al menos unas 15 repartidas en 11 Estados porque en algunas familias existe la cultura de pensar que la disciplina dura es una alternativa para corregir problemas de conducta en adolescentes, o incluso como un castigo de corte machista. “Supuestamente para que los niños ‘se hagan hombres”, comparte Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia. Disciplina sin reglas clarasLos casos de Zamir Pinto, Erick Torbellín y Dafne Zapata, ocurridos en apenas tres años, exhiben las turbulentas condiciones a las que están sujetos los menores de edad y ponen bajo tela de juicio cuáles son las responsabilidades de las instituciones. La SEP entrega los registros a los planteles, aunque no clasifica a las escuelas militarizadas bajo una categoría específica, algo que ocurre con otros modelos educativos que reciben el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) sin importar el esquema pedagógico. “Da lo mismo si es una escuela activa, Cayetana, religiosa o militarizada”, asegura el especialista.Pérez explica que desde 2011 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano separar la dinámica militar de la educativa en menores de 18 años. “También se logró erradicar el reclutamiento anticipado de adolescentes indígenas. A partir de las reformas de ese año, se estableció que cualquier escuela militarizada o con disciplina militar —aunque dependiera administrativamente de la Defensa— debía estar bajo la supervisión pedagógica de la SEP”. Otro aspecto que aporta al descuido es el de las revisiones. El número de inspectores es diferente en cada región, por lo que pueden existir zonas del país donde cada funcionario tiene a cargo unas cuatro o cinco escuelas, mientras que otros deben atender muchas más, sobrepasando la capacidad humana para hacerlo. Además, no existen datos sobre los resultados de esas revisiones. “No hay transparencia sobre quién supervisa, cada cuánto tiempo y qué se evalúa. Esto genera una total discrecionalidad que depende de quién esté al frente o del compromiso de los supervisores de zona, abriendo la puerta a posibles actos de corrupción”, afirma Pérez García. Este diario contactó a la SEP para solicitar información sobre el funcionamiento de las academias y su gestión sin obtener respuesta. Es ambigua, además, la capacitación del personal encargado de los alumnos. En una situación ideal, quienes trabajan con niños y adolescentes deberían cumplir con los estándares pedagógicos normados por la SEP, una obligación que parece escapar a las instituciones castrenses. “En muchos de estos casos los instructores no son docentes certificados ni profesionales de la pedagogía. Suelen ser policías o militares en retiro, personas autodidactas en la materia, lo que representa un riesgo gravísimo para la integridad de los menores”, afirma. La situación quedó en evidencia tras la muerte de las tres víctimas, pues algunos de los trabajadores carecían de esa formación. Detrás existe también un gran negocio. Además de las elevadas colegiaturas, las academias abren cursos de verano de alto costo, influidas por la cultura militarista y de ultraderecha que llega desde Estados Unidos, según ha documentado Tejiendo Redes Infancia. Algunos padres de familia apuntan a sus hijos bajo la idea de que no deben “perder el tiempo” en vacaciones. “Los niños y niñas necesitan descanso, juego libre y socialización”, reclama Pérez. Geográficamente operan en casi todo el país, con mayor concentración en el norte y centro, y con menor presencia en el sur. “Su público objetivo suele estar cercano a familias de militares o a familias que buscan la ‘mano dura”, comparte. Tres muertes en tres años ponen sobre la mesa un problema sin atender desde hace décadas en el país: la disciplina, el orden y la formación de carácter parecen estar por encima de los derechos de los menores. “La omisión de la SEP al permitir que estos modelos sigan operando es grave. Deposita la culpa en las familias o únicamente en las escuelas, cuando se trata de una responsabilidad de Estado”, recalca el experto en infancias.