“Una mansión histórica donde el lujo se vive sin límites”. Con este reclamo se anuncia una exclusiva propiedad de Palma que ofrece ocho suites, piscina, spa, chef privado y una experiencia concebida para clientes internacionales de alto poder adquisitivo. El precio: tarifas que alcanzan los cuatro dígitos por noche, más de 18.000 euros por semana. La imagen idílica, sin embargo, ha acabado topándose con la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado una sanción de 30.601 euros al considerar acreditado que la vivienda se comercializaba durante todo el año pese a estar autorizada únicamente para alquilarse dos meses.
El caso de DUX Mansion no es una excepción. Mientras miles de personas volverán a salir este domingo a las calles para denunciar los efectos de la turistificación, los tribunales han ido resolviendo una sucesión de procedimientos que muestran una cara menos visible del principal motor económico del archipiélago. Villas de lujo sancionadas por funcionar de facto como hoteles, viviendas vacacionales que han perdido su licencia por incumplir requisitos básicos, proyectos urbanísticos frustrados o sofisticadas estructuras empresariales diseñadas para obtener ventajas fiscales forman parte del catálogo de conflictos sometidos al escrutinio de los tribunales.
